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Editorial

Desenlace judicial del 'caso Benítez'

Dos años y medio después de los hechos, la muerte de Juan Andrés Benítez en el Raval barcelonés tras un violento forcejeo con los Mossos d'Esquadra recibió ayer el carpetazo judicial apenas 35 minutos después de iniciada una vista que había generado mucha expectación. El acuerdo alcanzado por las partes -los ocho agentes implicados, la fiscalía, la familia de la víctima y la acusación popular- puede parecer sorprendente dada la alta tensión que ha rodeado la instrucción del caso y el enconamiento de las posiciones de las partes. Pero es probable que el pacto haya sido lo mejor, porque en lo esencial imparte justicia en el sentido moral del término y establece que el ciudadano Benítez fue víctima de un homicidio imprudente cometido por seis mossos que ahora son condenados a dos años de cárcel.

Al margen del daño irreparable de la muerte de Benítez, lo peor de este caso ha sido la actitud mostrada por los Mossos desde que la tesis del fallecimiento accidental de la víctima empezó a perder consistencia. Las amenazas a vecinos del Raval que habían grabado los golpes de los agentes a Benítez ya fueron impropias de la policía de un país democrático. Tanto o más lamentable fue el cierre de filas -incluso físico- en el cuerpo en torno a los agentes implicados, un corporativismo mal entendido que en nada beneficia al prestigio de los Mossos. Y tretas como la de algunos de los acusados de rasurarse para impedir el rastreo de posibles drogas en su cuerpo acrecentaron el malestar de una ciudadanía que ya había visto con estupor las (finalmente fallidas) maniobras de Interior para rehuir responsabilidades en el caso de Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo por un proyectil de goma policial.

El caso de Benítez se cierra sin que científicamente se haya podido establecer una segura relación causa-efecto entre los golpes que le propinaron los Mossos y su fallecimiento. Pero que los agentes implicados hayan aceptado ser condenados por homicidio por imprudencia grave es muy revelador de que saben que no actuaron como debían. No irán a la cárcel, pero estarán dos años sin trabajar ni cobrar y cinco más de libertad vigilada. Un deshonor que es personal, pero al que no puede sentirse ajeno el cuerpo. La lección es clara: la policía debe medir siempre el uso de la fuerza, y si se extralimita ha de asumir las consecuencias, sin argucias .

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