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Ada Colau, ayer, en la reunión con la PAH y otras plataformas de cara a la reunión de hoy.

FERRAN NADEU

La pobreza y la barrera del 48%

Enric Hernàndez

El independentismo, gracias a la 'finezza' del Gobierno central, logra izar la bandera social y tejer complicidades fuera de su perímetro ideológico

"Partíamos de bases ideológicas diferentes, pero esta es la grandeza de la democracia: hablando se entiende la gente. Hoy será un día histórico en el Parlament." Así cerró su última intervención en la Cámara catalana el diputado del PP Rafael López, el pasado 23 de julio, al anunciar el voto favorable de su partido a "la casi totalidad" de la ley 24/2015, más conocida como ley de emergencia habitacional y pobreza energética. Con la salvedad de los preceptos que podían invadir competencias del Estado, tanto el PP como Ciudadanos respaldaron una norma impulsada como iniciativa legislativa popular (ILP) por las entidades sociales, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al frente.

Sin ser perfecta, la ley 24/2015 ha brindado a los ayuntamientos una potente arma disuasoria ante las entidades bancarias, lo que ha permitido abortar cientos de desahucios. Ese argumento debería haber bastado para que en los despachos oficiales de Madrid se lo pensaran dos veces antes de dar un paso en falso.

Pero nueve meses después de aquella histórica votación, el anunciado litigio entre el Estado y la Generalitat ha llegado al Tribunal Constitucional, precedido por el ruego que Carles Puigdemont formuló a Mariano Rajoy en la Moncloa: impugne usted la norma si así lo estima oportuno, pero al menos, como señal de buena voluntad, no imponga una suspensión que la convierta en papel mojado. Las súplicas del 'president' y del vicepresidente Oriol Junqueras cayeron en saco roto.

En Catalunya, la impugnación ha indignado por igual a liberales y progresistas, a independentistas y federalistas, a soberanistas y autonomistas, propiciando la primera imagen de unidad política desde el inicio del llamado 'procés': la de la cumbre presidida por Puigdemont con la presencia de alcaldesas tan dispares como Ada Colau, Núria Marín, Núria Parlón o Dolors Sabater. 

La bandera social

El independentismo, que tras el disgusto del 27-S trata de izar la bandera social para romper la barrera del 48%, toma así oxígeno por la impericia de un Gobierno que aplica 'las generales de la ley' sin reparar en sus consecuencias políticas. Todo 'finezza'.

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