Responsabilidad, compromiso y defensa de derechos sociales

El 'president' Puigdemont ha convocado hoy a entidades sociales, partidos, ayuntamientos y la PAH para construir un frente común en defensa de los artículos de la ley 24/2015 que el Consejo de Ministros recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado viernes. El objetivo de esta reunión con el Govern es defender una ley que surgió de una ILP avalada por el apoyo ciudadano. Es decir, defender la democracia surgida de la movilización y que el Gobierno español ha judicializado para evitar sus efectos.

La defensa de la ley de la vivienda y la pobreza energética no es solo una cuestión competencial, sino que se enmarca en un debate mucho más amplio. El de la garantía de los derechos sociales. Unos derechos que han sido objeto de sospecha en los últimos años por parte de muchos actores económicos, políticos y financieros que son, finalmente, los responsables de llevarnos a la situación de crisis económica que la inmensa mayoría de ciudadanos hemos sufrido.

La historia de los derechos sociales ha sido la historia contra el inmovilismo, el privilegio y el poder. Los derechos sociales que hoy disfrutamos son la expresión de grandes victorias a favor de la justicia social. De la misma manera que los retrocesos sociales, en materia de empleo, vivienda o políticas sociales, han sido la victoria de las contrarreformas en beneficio de minorías privilegiadas.

La historia de los derechos sociales no es la historia de lo que tiene que llegar por la evolución lógica de los hechos, sino por la elección terca de las sociedades. No hay situación adversa que no permita una sociedad que así lo desee dotarse de las herramientas y los recursos necesarios para aumentar el bienestar de su gente.

La defensa de derechos sociales como derechos sólidos y no como derechos subsidiarios es más necesaria que nunca. Si los derechos sociales, pensando sobre todo en el derecho a la vivienda, hubieran sido derechos fuertes, no habríamos sufrido desahucios ni, con toda seguridad, la crisis habría sido tan dura en muchos hogares catalanes. Por eso es tan importante defender el contenido y el modelo de la ley 24/2015, aprobada, no hay que olvidarlo, por unanimidad en el Parlament.

Los derechos sociales van más allá de las políticas sociales. Y las políticas sociales deberían ser mucho más que partidas en los presupuestos públicos. Para ello es necesario, en este inmenso reto de defender derechos sociales como el derecho a la vivienda, actuar transversalmente y combatir las desigualdades en una doble dirección: sobre el efecto que provocan (es decir, a través de políticas sociales), pero también sobre la causa que las genera (la distribución injusta de los recursos y los excedentes).

LA EMERGENCIA PERMANECE

En Catalunya, el crecimiento económico y la ligera disminución del paro pueden haber provocado un cierto relajamiento en la percepción de que ya no hay emergencia social. Pero aún tenemos pendiente pagar la deuda. No la deuda económica, sino la deuda social. Hemos actuado sobre la emergencia y hemos paliado situaciones de vulnerabilidad, pero las desigualdades aumentan. Las políticas sociales han contenido situaciones de vulnerabilidad, pero, desgraciadamente, han mostrado síntomas de agotamiento y no han sido capaces de reducir las principales carencias sociales como quisiéramos. Por eso hay que revertir los intentos que, como el recurso a la ley 24/2015, erosionan en el conjunto de la ciudadanía derechos sociales fundamentales.

Durante los años de la ruptura social que sufrimos a partir del 2008 triunfaron ideas fracasadas. Un triunfo que se basó sobre la premisa de que las políticas que invierten situaciones de desigualdad, como las de la vivienda, son perjudiciales para los grandes intereses económicos que quieren volver al ciclo que nos llevó al desastre. Ahora toca -nos toca- hacer nuestra contribución al futuro de nuestro país y nuestra sociedad. Si esta contribución logra disminuir las desigualdades sociales y la exclusión, el mérito será nuestro. Pero si estas desigualdades aumentan, el responsable final, desgraciadamente, también seremos nosotros.