Por el bien común, esfuerzo común

En una ciudad como Barcelona, y en un país como el nuestro, es inadmisible que haya gente a la que se le corta la luz, el agua o el gas, bienes esenciales para la vida, por no poder pagar. Una situación especialmente grave cuando se trata de familias con niños que acaba teniendo consecuencia s en su salud, en su rendimiento físico y académico, y afectando a sus capacidades sociales y relacionales  Esta es una realidad que afecta a una parte significativa de nuestros vecinos, aproximadamente un 7% de los hogares de Barcelona que tienen dificultades o no pueden mantener la vivienda en las condiciones adecuadas de temperatura por razones económicas. 

La pobreza energética no es un fenómeno exclusivamente vinculado al empobrecimiento de las familias, sino sobre todo al modelo energético existente, a una mercantilización de los servicios esenciales y en la subordinación del interés colectivo a los beneficios económicos de unas pocas empresas, con unas tarifas completamente injustas y que dificultan el ahorro energético. El resultado es evidente: incremento del 60% del precio de la electricidad y un 66% del agua desde 2011, en plena crisis, y crecimiento de los dividendos de los accionistas (Endesa aumentó un 18% sus beneficios en 2015) . Resultado: crecimiento de la deuda de la ciudadanía con las eléctricas y creciente exclusión energética de la población. Parece evidente, pues, que no todo el mundo ha perdido con la crisis, que no todo el mundo ha sufrido recortes. Empresas como Gas Natural o Endesa, en connivencia con los gobiernos de turno, han sido partícipes de un ataque contra los derechos fundamentales y se han enriquecido a costa de una regulación injusta y abusiva. Por eso ahora hay que exigir su responsabilidad en garantizar el suministro y contribuir a evitar situaciones como las descritas.

INCUMPLIR LA LEY

Sin embargo, han demostrado una clara falta de voluntad. Ni siquiera cuando una ley les obliga. Sí, resulta que estas empresas están desobedeciendo, ya que se han negado reiteradamente a firmar convenios que reconozcan su corresponsabilidad económica, tal como prevé la ley 24/2015, con personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial. Una ley, por cierto, que nace de una iniciativa legislativa popular que recogió más de 140.000 firmas y que se aprobó en el Parlament con la práctica unanimidad de los grupos políticos. Una ley que cuenta, pues, con un amplío apoyo social y político, que plasma los anhelos de aquellas familias afectadas, pero también los valores de una gran mayoría que sabe que el derecho a una vida digna no puede  someterse a los intereses económicos de unos pocos, que cuando se garantizan los derechos sociales, todo el mundo gana.

El Ayuntamiento de Barcelona participa de este mismo anhelo. Por eso hemos puesto el combate de la pobreza energética entre las prioridades. Lo hemos hecho, en primer lugar, respondiendo a la situación de emergencia que viven muchas personas. Por eso incrementamos las ayudas para pagar los suministros básicos en un 22%, las destinadas a la rehabilitación de viviendas, la formación de personas desempleadas para hacer auditorías y acompañamientos a más de 5.000 hogares y hemos creado una red de puntos de atención a la pobreza energética que han permitido detener más de 400 cortes.

CALIDAD A UN PRECIO JUSTO

Y también lo queremos hacer de manera estructural para evitar que se reproduzca este modelo insostenible social y ecológicamente, creando un operador energético que ofrezca un suministro garantizado y justo para todos, que apueste por las energías renovables y la autogeneración de energía. También trabajamos para recuperar el control de la gestión del agua en Barcelona y su Área Metropolitana, como han hecho ciudades como París, ofreciendo un servicio de calidad a un precio justo. Asimismo, hemos creado ayudas a la rehabilitación energética de viviendas que por primera vez incorporan baremos sociales y pueden subvencionar hasta el 100% del coste, para llegar a las familias que más lo necesitan. Y en este compromiso firme y convencido estamos dispuestas a hacer el uso de todos los preceptos que contempla la ley mencionada. Si es necesario, aplicando sanciones a las  suministradoras si insisten en negarse a colaborar en el combate contra la pobreza energética, para garantizar un mínimo vital.

    Agua, luz, gas ... son ejemplos de bienes comunes, este bello concepto que designa la candidatura que pronto hará un año que llegó al gobierno municipal. Defender y promover el bien común, el de todos, es también una tarea común, compartida, en la que queremos que todo el mundo se anime y comprometa. Para los bienes comunes, es necesario un esfuerzo común. H

Tenientes de Alcaldía de Derechos Sociales y Ecología, Urbanismo y Movilidad respectivamente.