Sobre fosas y deudas públicas

La deuda pública en España quizá ascienda a un billón de euros, pero la verdadera deuda de este Estado está todavía bajo tierra: más de 100.000 desaparecidos que se hallan enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hablamos de civiles y militares que perecieron a causa de la violencia y represión durante la guerra civil y el franquismo.

Ni la actual crisis económica ni la ley de amnistía de 1977 pueden justificar que no se dignifique públicamente la memoria de las víctimas. En algunos países europeos se han creado espacios públicos dedicados a caídos en las guerras aunque su memoria no sea en sí un valor democrático (como la red de cementerios de soldados de la Wehrmacht en Alemania, Bretaña, Normandía, etcétera). Sobre todo a partir de los años 90, de Este a Oeste y a medida que la cultura democrática avanza y los gobiernos asimilan la memoria como un derecho colectivo, se han ido dignificando las fosas, tumbas y enterramientos irregulares de las víctimas, los resistentes, los represaliados y deportados de diferentes países europeos.

DELEGAR O NO 

Una visión panorámica nos advierte de que el caso español es un caso singular. El debate se extiende alrededor de la Transición, y más claramente alrededor de la ley de amnistía, como una especie de ley de punto final. Es complejo repasar el sinfín de paradojas que se han producido en nuestro país desde el primer decenio del siglo XXI. Catalunya fue un referente con la primera y pionera ley de fosas aprobada en el 2010. Una ley que, a diferencia de la española, responsabilizaba a la Administración de la dignificación, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes. Una ley clave que no delegaba en las asociaciones el peso y la responsabilidad de exhumar vía subvenciones públicas (tal y como hizo el Gobierno de Zapatero). Pero en la práctica la ley de fosas catalana ha impuesto una inactividad como mínimo sorprendente y sospechosa. Mientras tanto, pocas comunidades autónomas han ido haciendo los deberes, como Navarra (y pronto Andalucía), donde un claro y amplio texto legal recoge las fosas en el marco de espacios públicos de memoria, es decir, las defiende y redefine acertadamente como patrimonio memorial.

CERRAR EL DUELO

Entidades y academia no han cesado de trabajar y luchar por una política decidida y sin complejos, que debe estar a la par con acciones profesionales y científicas (como el proyecto del banco de ADN impulsado por la Universitat de Barcelona). El triángulo formado por la Administración, las asociaciones de memoria y los académicos es clave cuando abordamos el tema de la localización, documentación, exhumación e identificación de personas desaparecidas. El debate sobre las fosas debe observarse también como un proceso permanente no exento de conflicto y discusión. Un proceso de patrimonialización de los espacios físicos donde se puedan crear ámbitos de conocimiento y de dignificación. Un proceso necesario para cerrar un duelo que ya dura demasiados años, pero que si no es llevado a cabo con respeto y rigurosidad puede ser un fracaso.

Dignificar la memoria de los muertos es un acto que dignifica también a los vivos; y cuando son muertos provocados por violencia política y crímenes de Estado es también una responsabilidad pública y un valor democrático. La negación rotunda del derecho a la memoria y al conocimiento por parte del Estado es una deuda pública que también debería ser reprobada.