Desobedecer España para combatir la pobreza energética

La crisis ha extendido la pobreza más allá de las fronteras sociales en las que estábamos acostumbrados. La pobreza material no es ahora un problema que sufran las personas excluidas socialmente sino millones. Esta pobreza material se muestran en forma de pobreza alimentaria y de pobreza energética entre otras, y requieren acciones por parte de las administraciones.

Recientemente el Parlament de Catalunya aprobó un instrumento legal que permitía afrontar las situaciones de pobreza energética. En su afán fiscalizador de la legislación catalana el Tribunal Constitucional anuló el decreto. Este decreto es clave para todas las acciones que varios ayuntamientos el más destacado el de Barcelona están tomando para poder evitar el corte de suministros energéticos a personas en riesgo de pobreza. También las entidades que trabajan con las personas en riesgo de pobreza están alarmadas por la anulación del decreto.

También el Parlamento Europeo votó una resolución para que no se corte el suministro energético a los hogares en invierno aún cuando los inquilinos no puedan pagarlo. El Parlamento Europeo no tiene capacidad de imponer esta resolución. El mensaje del europeismo internacionalista siempre ha sido falaz, los estados siguen reteniendo su soberanía en los elementos de poder, y la relación con las empresas energéticas es uno de ellos.

Las administraciones locales, autonómicas y europeas quieren afrontar el problema de la pobreza energética, pero en nuestro caso, es el estado español el que a través de sus instituciones: el Congreso, el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional los que bloquean la posibilidad de afrontar este problema. A pesar de ello la mayoría del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat y varios ayuntamientos están  contemplando formas de desobedecer la anulación del TC. Una de las acusaciones que se hacen a las fuerzas independentistas es que solo se centran en temas identitarios y de soberanía. Paradójicamente la primera desobediencia que hará el Govern de la Generalitat será para un tema social como la pobreza energética.

En el caso de la pobreza energética la desobediencia a las instituciones españolas es un deber moral. La debilidad de las instituciones españolas a la hora de escapar a la red clientelar y de los lobbyes energéticos hace de la desobediencia a estas instituciones una obligación con los ciudadanos y también con Europa.