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Polémica por un servicio básico

Es la hora de Barcelona

Janet Sanz y Eloi Badia

La ciudad y su área tienen la oportunidad de recuperar la gestión pública del abastecimiento de agua

Plantear una gestión pública del agua debería ser más que una opción en un contexto mundial en el que es la apuesta más habitual. Es más sencillo nombrar las ciudades europeas que han privatizado la gestión del agua que las que cuentan con una gestión pública. Hoy la gestión pública abastece aproximadamente el 90% de la población mundial y son centenares los municipios que han apostado por la remunicipalización. Seguramente, París y Berlín son casos paradigmáticos. Pero también lo son Nueva York, Tokio, Toronto, Estocolmo, Oslo, Helsinki, San Francisco, Los Ángeles, Melbourne, Roma, Kioto, Múnich, Milán, Glasgow, Boston, Medellín, Bogotá, Quito, Atlanta, Copenhague, Buenos Aires, Río de Janeiro... El denominador común: grandes ciudades y gestión pública del agua.

En España y Catalunya, las administraciones pueden elegir diferentes fórmulas para prestar los servicios de abastecimiento y saneamiento: gestión directa, sociedad mixta, concesión, sociedad mercantil pública... Pero la Administración local mantiene siempre la competencia, la titularidad y la regulación de la prestación y provisión a la ciudadanía.

La mitad de la población española recibe estos servicios mediante una gestión privada o empresas mixtas público-privadas. En los últimos 10 años, el proceso privatizador ha crecido considerablemente en España. La crisis y las restricciones presupuestarias de muchos ayuntamientos han facilitado la entrada de empresas privadas en la gestión del agua como instrumentos financieros de las arcas públicas. Decisiones que, lejos de enmarcarse en un debate sobre la calidad y la eficacia, se han enmarcado en los ingresos que podían aportar mediante «cánones concesionales», que recibirían las administraciones. Ingresos adelantados por las concesionarias y repercutidos en la tarifa a la ciudadanía, más intereses, a lo largo de años y años de concesión.

A diferencia de lo que ocurre en Europa y en el mundo, las excepciones en Catalunya son los municipios con gestión pública del agua, como El Prat de Llobregat o Mataró. Aquí, la gestión pública solo abastece a un 10% de la población. Y los ejemplos de privatización son relevantes. Tanto el proceso de privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat que la Generalitat llevó a cabo, como el proceso que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hizo para regularizar una gestión sin legitimidad que operaba en 23 municipios, entre ellos Barcelona, ¿¿han sido procesos con una polémica más que destacable.

En ambas privatizaciones la respuesta fue la misma: fuerte movimiento social y ciudadano en contra, y una guerra judicial entre las empresas. Ahora tenemos las primeras sentencias de anulación de los acuerdos que habían permitido a dos empresas hacerse con el negocio del agua. Hace unos días conocíamos la del TSJC sobre la constitución de la empresa mixta del agua de la AMB. Una sentencia demoledora que no cuestiona el procedimiento, sino que declara la nulidad de todo lo que justificó que Agbar obtuviera la gestión del agua de casi tres millones de personas, sin pasar por un concurso público, hasta el 2047 y con una participación del 85% en la empresa mixta que se creó.

Ni estaba justificado crear la empresa mixta mediante una adjudicación directa, ni tampoco la valoración económica de los activos que la configuraron. Agbar, dice la sentencia, no poseía título concesional anterior que le permitiera ahorrarse la pública concurrencia. Ni tampoco podía atribuirse este título para valorar su participación como se hizo, porque la Administración (y la ciudadanía) es la titular. Los argumentos del TSJC confirman lo que los incansables en la defensa del derecho humano al agua ya evidenciaron cuando se consumó la operación.

Ahora se abre una oportunidad. La sentencia marca un punto de inflexión. Las administraciones deben mover ficha en la defensa de los intereses públicos. Es indispensable que a este objetivo se sume la Generalitat recuperando la gestión pública de ATLL y del conjunto de instalaciones de la red Ter-Llobregat. Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer las cosas bien y diseñar un proceso que permita orientar la gestión hacia el uso sostenible de un recurso escaso, con transparencia, eficacia y eficiencia técnica. Una gestión que garantice el acceso universal al agua, con participación y rendición de cuentas y con un nuevo modelo de relaciones laborales como instrumento para un servicio eficiente con equidad.

El agua es un derecho humano y un bien básico para la vida. Barcelona y su área tienen la oportunidad de optar por un modelo como el que tienen la mayoría de grandes ciudades europeas. No nos podemos permitir el lujo de desaprovecharlo. Feliz Día Mundial del Agua.

Temas: Agbar

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