28 oct 2020

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La aduana invisible

Josep-Maria Ureta

Movimientos alternativos sociales y políticos se movilizan de nuevo contra el TTIP

El aspecto más polémico, el sistema de arbitraje, ya se ha revisado en favor de los estados.

Esta semana se han reanudado en Bruselas las negociaciones entre la UE y EEUU sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP en siglas inglesas). Como en otras ocasiones, han tenido que ser los movimientos altermundialistas tipo Greenpeace y el grupo de Los Verdes los que llamen la atención sobre los riesgos que entraña el borrador del tratado. Unas fotos del boicot, declaraciones vagas y escaso eco en los medios de comunicación. Una desproporción si se tienen en cuenta los efectos sociales y políticos que entraña para toda la UE. Porque ese acuerdo va mucho más allá que la liberalización económica que proclaman sus partidarios. Fue el pasado 10 de junio cuando el método de negociación secreta quedó roto en una sonada sesión del europarlamento en Estrasburgo en la que una extraña coalición de diputados de las dos alas extremas de la cámara logró que el pre-texto fuera devuelto a la comisión redactora “por exceso de enmiendas”, según justificó el presidente Martin Schulz.

Los últimos meses ha arreciado el posicionamiento a favor o en contra del TTIP y, además del apoyo previsible de las grandes patronales,  ha penetrado en colectivos sociales. Es el caso de la proliferación de municipios y regiones europeos que suscriben el rechazo. El mapa de puntos rojos en el continente es suficientemente ilustrativo.

La primera apariencia a disipar es que no se trata de un tratado de libre comercio, un listado de aranceles a revisar sector por sector con lista de salvedades. Es una propuesta de EEUU, que ya dispone de acuerdos similares en la zona del Pacífico. En esencia, sustituye el multilateralismo de la Organización Mundial de Comercio por los acuerdos bilaterales. Y bajo la apariencia de reforzar la seguridad jurídica de los grandes inversores –eufemismo de transnacionales— se insta a “crear espacios voluntarios de convergencia regulatoria”. Frase arabesca que podría traducirse libremente por “desarmar las leyes nacionales que impidan la expansión de las empresas de EEUU en Europa" (también al revés, pero tiene menos atractivo). Según un trabajo del Instituto de Estudios Económicos para la patronal CEOE, la supresión de las barreras no arancelarias, la aduana invisible, aportaría un 0,74% al PIB español y en cinco años 334.836 puestos de trabajo (¡caray con la precisión hasta la unidad!).

El economista de Estado Antonio Montserrat ha analizado los efectos invisibles del TTIP y advierte que las propuestras conocidas hasta ahora (el secretismo impuesto por EEUU sigue vigente) presentan tal desequilibrio a favor de los inversores multinacionales, cuya exigencia de libre actuación frente a leyes nacionales es la esencia del tratado, que supone un grave perjuicio para los salarios y los ingresos públicos. “Caerían los ingresos por exportaciones por la parte que corresponde a salarios, por lo que habría que mantener la demanda por la vía de los beneficios y las inversiones”, sostiene Montserrat. No será que ya tenemos experiencia: caen los salarios y el consumo, aumentan los beneficios y se dispara el valor de los activos bursátiles. 

Montserrat pone como ejemplo de lo “invisible” el primer borrador del sistema de arbitraje en las diferencias entre un estado y un inversor multinacional (ISDS). Síntesis elocuente: el inversor podría demandar a un estado si este toma o mantiene decisiones legales que perjudiquen a la empresa. Pero no al revés: los estados no pueden demandar a las empresas ante el ISDS, un organismo de tintes claramente privados. Ese texto fue el que levantó la alarma en toda Europa hasta llegar a Estrasburgo. Nada más esclarecedor sobre el concepto de justicia, también en lo económico, que esté sujeta a la voluntad política democrática.

Consciente de que es un obstáculo insalvable, la comisaria Cecilia Malmström, negociadora en nombre de la UE, ha propuesto sustituir el ISDS por un Sistema Judicial de Inversiones (ICS en siglas inglesas), un tribunal permanente, con jueces profesionales independientes elegidos con transparencia. Con más garantías procesales para los países.

Una buena muestra de que la presión social consigue hacer visible lo invisible, hasta que sea transparente.       

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