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La política y las personas

Afrontemos la emergencia social

Carme Forcadell

Los grupos del Parlament deben superar diferencias partidistas y actuar en pro de quienes peor lo pasan

La justicia social es la expresión de la lucha contra las discriminaciones y las desigualdades sociales. Un anhelo común y compartido que se concreta en objetivos como la erradicación de la pobreza, el pleno empleo, el trabajo digno, la igualdad de género o el acceso universal al bienestar social.

En nuestro país, el contexto de crisis económica de los últimos años ha causado un retroceso en estos ámbitos, en muchos casos de manera alarmante. Algunos datos nos pueden ayudar a hacernos una idea de la situación de emergencia social que vivimos, aunque no puedan reflejar el alcance del drama humano que viven miles de familias de nuestro país.

LOS DATOS DEL DRAMA

Este enero, el Servei d'Ocupació de Catalunya tenía registradas 518.080 personas en paro. Y es tanto o más preocupante que el 42,7% de este medio millón y pico de personas no reciban ningún tipo de prestación ni ayuda. En cuanto a la población ocupada, cerca de un 12,5% percibe unos ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, fijado por el Estado español en 655 euros, una cantidad insuficiente para vivir dignamente en Catalunya. El mundo laboral se deteriora, y crecen la precariedad y la desigualdad salarial.

A todo esto hay que añadir que cientos de miles de catalanes han recibido ayuda de los bancos de alimentos para comer, que miles de familias reciben órdenes judiciales de desahucio por impago del alquiler, o que más de medio millón de personas tienen problemas para pagar recibos del hogar y mantener en él una temperatura adecuada. La situación de emergencia social es, por tanto, manifiesta.

CARENCIAS ESTRUCTURALES

Sin embargo, debemos tener en cuenta que incluso cuando había un contexto económico favorable estábamos muy lejos de alcanzar los niveles de justicia social deseados. En enero del 2006, antes de la crisis, en Catalunya había más de 255.000 personas paradas, y en más de 50.000 hogares todos sus ocupantes se encontraban en situación de desempleo. La brecha salarial entre hombres y mujeres era del 20,61%. Más de 200.000 catalanes sufrían una situación de privación material severa. Y la población en riesgo de pobreza llegaba al 19%, cifra similar a la actual, mostrando la persistencia de la desigualdad social tanto en los buenos como en los malos momentos económicos.

Nuestra sociedad, pues, sufre carencias estructurales más allá de la situación de crisis actual. Para resolverlas con eficacia serán necesarias actuaciones valientes que vayan a la raíz de los problemas. No basta con parar el golpe de las urgencias sociales actuales. Garantizar a medio y largo plazo una mayor justicia social exige grandes cambios en el modelo socioeconómico y plantear políticas predistributivas; cambios para los que necesitaremos contar con unas competencias y una capacidad de gasto que exceden de las que puede disponer nuestro Govern autonómico en el marco del actual Estado.

Pero vivimos, como decía, en un contexto de urgencias sociales, y estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos para darles respuesta inmediata. Es desde esta perspectiva que hay que observar el plan de choque social que el president de la Generalitat asumió en el debate de investidura, y que será un elemento central del debate parlamentario en el caso de que el Govern presente nuevos presupuestos para este año. Lo mismo sucede con el pleno monográfico sobre la emergencia social, que el Parlament acogerá los próximos 9 y 10 de marzo.

INSTRUMENTOS POLÍTICOS

Estos dos elementos, el plan de choque del Govern y el pleno monográfico en el Parlament, con el debate y las resoluciones que de ellos se puedan derivar, son dos instrumentos políticos para encarar el reto de las emergencias sociales en nuestro país. Un reto capital que requiere ser afrontado con sentido de país, pasando por delante de los juegos parlamentarios de gobierno y oposición. Son muchas las familias que esperan una respuesta de sus representantes políticos.

Por ello, confío en que los grupos parlamentarios analicen y trabajen los planes y las medidas que se presenten en la Cámara sin mirar quién las ha presentado. Que superen las diferencias partidistas, hagan un ejercicio de responsabilidad y colaboren entre ellos. Que no escondan las limitaciones presupuestarias de una financiación condicionada y limitada por el Estado. Que escuchen la voz y la experiencia de las entidades sociales que luchan cada día para hacer de Catalunya un país mejor. En definitiva, que hagan todo lo posible para impulsar la acción del Govern y dar respuesta a las urgencias sociales.

Si lo hacemos así, ayudaremos a muchas personas, a muchas familias de nuestro país. Y de rebote, además, contribuiremos a recuperar la credibilidad de la política, y nos haremos dignos ante las ciudadanas y ciudadanos que nos han elegido para representarles.

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