Un problema emergente

¿Cuántos pederastas hay en la escuela?

Son urgentes leyes que protejan eficazmente a los menores del riesgo de sufrir abusos sexuales en los colegios

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IRENE BOADA

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«Creía que me vendrían a buscar antes», se atreve a decir el pederasta de los Maristas, mientras el padre del chico que fue víctima en repetidas ocasiones dice que tuvo tentaciones de matarlo. Sus palabras son fruto de su normal desesperación cuando se dio cuenta de que, en este tipo de situaciones límite, no hay en nuestro país civilizado

Este y otros casos en los que niños han sido víctimas de violencia prueban que, a estas alturas, los padres no pueden tener la seguridad de que no campen violadores de menores por las escuelas, los institutos, los clubs deportivos, los centros de verano. La única manera de garantizar la seguridad de los niños sería la creación de una red eficiente que velase por ellos, incluyendo policía, escuelas, gobiernos, sistema sanitario y judicial.

Todavía hay gente que piensa que el término pederasta hace referencia a un hombre enfermo, que no sabe muy bien lo que hace y que no es del todo responsable de sus crímenes. A menudo se utiliza un tono de disculpa que llega incluso a la justificación cuando se dice que, posiblemente, el pederasta sufrió abusos de pequeño. Lo peor es el tono del «ya se sabe», «siempre ha pasado» o «no se puede hacer nada». Con ciertas cosas hay en nuestro país una tolerancia verdaderamente sorprendente. Pero la realidad es que estos criminales son violadores de menores, con toda la crueldad que implica abusar de personas inocentes que no se pueden defender, y con la confianza que otorga el entorno escolar. Los agresores suelen ser gente muy inteligente y manipuladora, como en este caso queda claramente reflejado en el hecho de que era el maestro más popular de la escuela. Ahora prosigue la manipulación cuando dice que ya está tranquilo porque se ha «confesado con Dios». En las escuelas, los centros deportivos y de verano de nuestro país, los padres, confiados, dejan allí a los niños cada mañana pensando que los maestros darán todo lo que pueden dar para ayudar a estos chicos y chicas a hacerse mayores. Pero no pueden tener garantía de eso.

En otros países, como el Reino Unido, ya hace décadas que se han desarrollado redes para garantizar la seguridad de los menores. Ante cualquier sospecha en una escuela es obligatorio llamar inmediatamente a la policía, una medida que detecta, igualmente, casos de violencia doméstica. Es urgente, pues, la aplicación y el desarrollo de leyes de protección del menor para que el personal de las escuelas sepa identificar signos de abuso y sepa qué debe hacer ante sospechas. Las escuelas deben tener una persona responsable de la protección de menores, y toda persona que trabaje con menores debe estar libre de antecedentes penales. Es precisa una política que contemple qué debe hacer el personal de una escuela si se sospecha que otro miembro del centro está haciendo daño a un menor.

En el caso de la Iglesia católica, desde los años 80 se han destapado casos de abusos en todas partes. En Irlanda, por ejemplo, cientos de sacerdotes habían abusado de miles de menores, pero la Iglesia lo tapaba trasladando a los curas a otras escuelas. Pero en la década de los 90 una serie de programas de televisión que dieron la vuelta al mundo desvelaron los abusos. Entrevistaron a víctimas que dieron testimonio de sus crudas experiencias. El Gobierno lo investigó a fondo y concluyó que instituciones católicas abusaron sistemáticamente de miles de niños y que los inspectores no detuvieron la violencia física, las violaciones y la humillación. El informe estableció que la violencia era endémica en las escuelas y orfanatos católicos. En el 2002, 18 instituciones religiosas aportaron 128 millones de euros en compensación a las víctimas de abusos. Desde entonces hay nuevos códigos de práctica estrictos, como que un sacerdote no puede estar a solas con un menor o que cualquier adulto está obligado a denunciar toda sospecha de abuso, físico o sexual, a la policía. Inicialmente la Iglesia no quería aceptar estos cambios, pero fue obligada a hacerlo por la presión de la opinión pública.

Ha habido casos similares en Canadá, Estados Unidos y Australia. España tampoco es muy diferente. Televisió de Catalunya ha producido un excepcional documental, Els internats de la por, en el que las víctimas aportan testimonios de la barbarie en diversos tipos de centros. En nuestro caso, sin embargo, no ha habido ni investigaciones gubernamentales, ni juicios, ni compensaciones a las víctimas, ni nuevos códigos de conducta. Nadie se responsabiliza, y los violadores de menores, entonces y ahora, continúan inexplicablemente en libertad. Y las víctimas, abandonadas.