La política social no puede esperar

Inauguramos el año en un contexto político plagado de incógnitas. En Catalunya parecen ya muy probables unas nuevas elecciones, y una se pregunta si las políticas sociales del nuevo Gobierno serán también nuevas o si, por el contrario, seguiremos sin saber qué medidas se impulsarán para hacer realidad ese deseo tan repetido estos días, y que se reduce a que el 2016 sea mejor que el año que dejamos atrás.

Si en el terreno político los interrogantes son de gran calado, en el económico se nos plantean también dudas importantes. Nos preguntamos si la tan anunciada recuperación nos ofrecerá un crecimiento del 3% del PIB, si este llegará a beneficiar a la población en general, si será posible que el nuevo Gobierno español revise al alza el salario mínimo interprofesional tras el ridículo aumento del 1%, o si el sistema de pensiones aumentará algo más que el 0,25% que por tercer año consecutivo se aplica en estricto cumplimiento de legal. Pende también la duda sobre si el sistema de garantía de unos ingresos mínimos para toda la ciudadanía llegará algún día a hacer efectivo ese derecho reconocido en nuestras leyes, pero nunca totalmente aplicado. Entramos en un nuevo año con perspectivas poco halagüeñas.

Mientras el Estado español toma medidas del todo inaceptables que consolidan las desigualdades y condenan a las clases trabajadoras a vivir bajo mínimos, en Catalunya no se nos ofrece un panorama mucho más esperanzador. El insuficiente plan de choque planteado por quien debía formar Gobierno queda en el aire ante la improbabilidad de que se celebre el segundo debate de investidura, y no sabemos de qué partidas presupuestarias se dispone realmente, ni cuáles se añadirían en unos nuevos presupuestos para 2016, de momento hipotéticos mientras no se supere la fase de incertidumbre actual.

Desconocemos en qué medida se cumplirán las promesas formuladas durante la campaña electoral de noviembre y semanas posteriores. No sabemos si la hacienda pública se transformará a corto plazo para permitirnos disponer de nuestros recursos, ni si se llevará a cabo una fiscalidad más justa. Se anuncian medidas con impacto presupuestario que no sabemos quién ni cuándo las aprobará, y en cualquier caso la propuesta no solo es incierta sino que, además, adolece de la visión estratégica necesaria para destinar una suma suficiente para acometer una acción transformadora de la realidad, marcada por la pobreza y las desigualdades. Necesitamos una propuesta que haga viable el pleno reconocimiento de los derechos de ciudadanía, que defina una nueva política social y que, en definitiva, permita construir proyectos de vida nuevos para un año nuevo.

ACORDADO PERO NO CONCRETADO

La sensación de incertidumbre e incomodidad me recuerda a otras experiencias vividas, como las medidas acordadas en el pleno del Parlament contra la pobreza del pasado año, o la promesa de hace cuatro años del partido que todavía hoy gobierna en funciones de renovar de forma inminente la renta mínima de inserción. Me vienen también a la memoria la ley contra la pobreza energética aprobada en julio, todavía a la espera de que se desarrolle la reglamentación necesaria para su plena aplicación, y muchas otras promesas que, como en el cuento de la lechera, no se han hecho realidad. La frustración que generan resulta especialmente cruda para quienes estos incumplimientos significan no disponer de unos ingresos mínimos para vivir dignamente, pasar frío en invierno, estar en peligro de perder el hogar o no disponer de una comida caliente, ni para ellos ni para sus hijos.

Algunas promesas son desengaños seguros a corto plazo, mientras que otras provocan directamente indignación cuando se condicionan a que alcancemos la república catalana. ¿Cómo pueden hacerse propuestas sobre una realidad lejana y un tanto improbable cuando hay tantas personas viviendo en condiciones extremas de precariedad? No podemos pedirles que confíen ni esperen el advenimiento de la tierra prometida para resolver su situación. Las entidades sociales nos vemos en la obligación de hacer llegar la voz de los que más sufren y, en especial, de recordar a todos los políticos la responsabilidad que hoy tienen ante el momento histórico que estamos viviendo. Deseamos que se escuche la voluntad de la ciudadanía y consideramos que garantizar unas condiciones de vida dignas a la población más vulnerable está por encima de cualquiera opción política y reivindicamos el reconocimiento de los derechos sociales como una prioridad para cualquier gobierno. El desarrollo de una nueva política social no puede esperar a situaciones idílicas que se dibujan para el futuro, ya que solo la respuesta de hoy nos permitirá pensar en ese mundo mejor que todos nos hemos deseado en el paso hacia este nuevo año.

Presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)