Editorial

Catalunya, España y el IRPF

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El viejo axioma político que indica que las normas fiscales que aprueban los gobiernos conservadores son más laxas que las que establecen los ejecutivos progresistas sigue siendo válido en lo esencial, aunque las fronteras ideológicas entre la derecha y la izquierda establecidas se han difuminado mucho en los países occidentales en las últimas décadas. Pero en Catalunya, con un Govern -ahora en funciones- de signo conservador, se da la paradoja de que el tipo de uno de los principales impuestos, el IRPF, es hasta tres puntos mayor que en el resto de España y destaca como uno de los más elevados de Europa. La insuficiente financiación de la Generalitat explica en parte la incoherencia de que el Govern esté aplicando la fiscalidad del tripartito de izquierdas del 2010, al que con tanto denuedo criticó CiU cuando estaba en la oposición. Y es cierto también que iniciativas catalanas para obtener más ingresos, como la del impuesto a los depósitos bancarios, han sido vetadas por el Gobierno central. Pero este decalaje entre el IRPF catalán y el español no debe hacer olvidar el problema de fondo, que es común: la política fiscal está centrada en los impuestos a los salarios, fácilmente controlables por la Administración, y se pone muy poco empeño en el registro y gravamen de otras actividades económicas, una lacerante dualidad que es la base del fraude fiscal. Eso es lo que explica que en España el IRPF sea bastante alto pero la presión fiscal efectiva -la que cuenta de verdad- sea de las más bajas de Europa.