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Las secuelas de la crisis

¿Calefacción o comida?

Oriol Illa

Más de 600.000 catalanes son pobres en energía, que debe ser reconocida como un derecho fundamental

Con la llegada del invierno se evidencian, persistentemente, casos de personas y de familias enteras que sufren situaciones de pobreza energética. Los últimos datos publicados por el Idescat constatan que en Catalunya 683.700 personas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, una cifra que supone un aumento del 41% respecto del año anterior. Y recientemente hemos conocido un informe de la Associació Benestar i Desenvolupament que resalta que el 75% de los hogares a los que atiende sufren pobreza energética.

¿Qué debemos priorizar y cómo debemos actuar ante esta situación? La pobreza energética es una de las múltiples expresiones que los poderes públicos han acostumbrado a tolerar desde una preocupante falta de compromiso. En primer lugar, debemos poder garantizar un mínimo de suministros básicos de energía para que las personas puedan vivir dignamente. En segundo lugar, se hace imprescindible garantizar el derecho a la energía, ya que al ser un bien que influye directamente en la calidad de vida debe poder ser considerado un derecho al que habría que tener acceso a un precio justo. Y en tercer lugar, debemos impulsar y favorecer la articulación de medidas correctivas y preventivas que permitan empoderar a las personas como consumidores activos y responsables.

Los tres elementos clave que determinan y hacen que la pobreza energética sea una realidad tan extendida son: (1) el elevado precio de la energía, (2) la disminución o la ausencia de ingresos o rentas familiares, y (3) la falta de calidad de las viviendas. Estos tres elementos combinados -inaceptables subidas del recibo de la luz, parque inmobiliario de calidad ineficiente y reducción de los ingresos familiares- hacen que las dificultades de asumir el gasto que se deriva de los recibos de la luz, el gas y el agua afecten, silenciosamente, cada día a más personas.

La pobreza energética es un fenómeno vinculado a la precarización de las condiciones de vida de las familias. Unos datos que permiten hacerse una idea de la grave situación: (1) desde el año 2008 el recibo de la electricidad ha subido un 60% y el del agua un 66%, cuando la media de ingresos familiares durante el mismo período se ha reducido un promedio del 8'5%, (2) el porcentaje de hogares que dedican más del 10% de sus ingresos al consumo de energía ha pasado del 5% en el 2007 al 17% actualmente, y (3) el 50% del parque de viviendas está construido sin criterios de eficiencia energética.

Frente a esta situación hemos encontrado a un Gobierno del Estado que aborta cualquier iniciativa catalana para hacer frente a la situación y al mismo tiempo se inhibe de tomar la iniciativa, y a un Govern catalán que, limitado por el bloqueo político al que está sometido y a pesar de haberlo intentado tres veces, no es capaz de concretar propuestas efectivas para eliminar o disminuir el problema. Las políticas públicas actuales de nuestro país no resuelven el problema de fondo. Los incipientes y tímidos avances que se han hecho están más enfocados a la corrección, en casos extremadamente graves, que a la prevención o la reforma estructural del sistema, en manos del Estado. Por ejemplo, las políticas fiscales que gravan las facturas de la energía no se ajustan a que esta es un bien básico, ya que el IVA que se aplica es el máximo posible (un 21%), que recae íntegramente en el consumidor final.

Para afrontar este problema resulta imprescindible el papel que tienen y tendrán las entidades sociales del país a la hora de detectar nuevas situaciones, de ayudar a hacer frente al impago de facturas en un momento puntual y de coordinación con las administraciones para encontrar soluciones integrales que permitan garantizar el derecho a la energía. Son algunos ejemplos pioneros las nuevas oficinas de orientación para atender situaciones de pobreza energética del Ayuntamiento de Barcelona, ​​o los múltiples programas de entidades del tercer sector dedicados a esta materia.

La energía tiene una importante dimensión social y hay que reconocerla como un derecho fundamental, y al tiempo impulsar medidas estructurales que estén dirigidas a mejorar el bienestar y el confort de manera permanente, mejorando la eficiencia energética y el aislamiento térmico de los hogares, concienciando sobre el uso racional de energía y optimizando los servicios que las familias tienen contratados con las compañías para adecuarlos a sus necesidades reales. Y mientras no llegan propuestas políticas eficaces, condenaremos a más de 600.000 personas en Catalunya al dramático dilema bautizado como heating or eating (calefacción o comida).

Temas: Crisis Pobreza

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