25 may 2020

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Atajar la dualidad del mercado de trabajo

Carles Campuzano

La dualidad del mercado de trabajo y el desempleo de larga duración continúan siendo las dos grandes lacras que impiden una lectura optimista de la recuperación económica. Ambas ayudan a explicar la elevada desigualdad que padece la sociedad y el malestar social que viven amplios sectores de la población. Y ambas cuestiones necesitan abordarse de manera decisiva sin esperar a que lo resuelva el crecimiento económico por sí mismo. El desempleo de larga duración tiene que ver con el principal déficit de la política de empleo del gobierno de Rajoy: el abandono de las políticas de empleo, con menos recursos hoy que en 2011, continuistas y sin nuevas ideas, sin medios personales ni materiales para personalizar la atención a los parados desde los servicios públicos, con un fallida del modelo de cooperación público-privado, desvinculadas de las prestaciones sociales y con un aumento de los parados sin protección.

Y la lacra de la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y temporales tiene mucho que ver con el crónico mal funcionamiento del sistema de relaciones laborales, junto con los problemas derivados de la estructura productiva. Parece claro que hay consenso en la idea que la tasa de temporalidad que padecemos es excesiva, está muy lejos de la media europea, es un lastre para las inversiones que deben permitir mejorar la productividad del tejido empresarial, impide a las personas desarrollar todo el potencial de sus proyectos, y afecta a la cohesión social y a la prosperidad futura. Las reformas laborales puestas en marcha desde mediados de los años 90 -que han sido muchas y promovidas desde gobiernos con ideologías distintas-, no han sido capaces de hacer frente seriamente al problema; ciertamente estamos lejos de los récords de temporalidad de mediados de los 90, pero la tendencia en la recuperación económica apunta a un continuado crecimiento de la tasa de temporalidad, después de la masiva destrucción de empleo durante las sucesivas recesiones que empezaron en 2008.

Abordar el problema exige ir en otra dirección distinta a las hasta ahora ensayadas. Ni los límites ni las penalizaciones en la utilización de los contratos temporales han servido, ni tampoco ha sido útil la disminución de las indemnizaciones por despido.

Necesitamos un nuevo planteamiento legal que ayude al cambio cultural de empresarios y trabajadores a favor de más flexibilidad y seguridad en el empleo. Y la puesta en marcha de un fondo de capitalización de la indemnización por despido, en la línea de las regulaciones existentes en Austria e Italia, puede ser esa medida decisiva. De hecho, desde la reforma laboral de 2010 está encima de la mesa: existen dificultades objetivas, especialmente en relación a la financiación del fondo, y debería ir acompañada de otras medidas como una simplificación contractual y una revisión de los tipos de cotización por desempleo.

La propuesta consiste en establecer un nuevo régimen de indemnizaciones por despido basado en una aportación mensual de la empresa a nombre de cada trabajador, durante toda su vida laboral, y que constituirá el correspondiente fondo de capitalización. Podría hacerse efectiva para los casos de despido, así como para completar la formación de los trabajadores, en supuestos de movilidad geográfica o, en último término, en el momento de su jubilación. Habría que prever que las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirían al equivalente a lo que supusiera el fondo. Este modelo se dirige a dotar al mercado de trabajo de una mayor estabilidad en el empleo, pero también una más sana movilidad laboral. El fondo podría ser gestionado por entidades públicas (por ejemplo el FOGASA) o privadas, pero en todo caso supervisado (como entidades financieras o aseguradoras). Y finalmente, el sistema debería configurarse de tal manera que suponga el establecimiento de un sistema más eficiente, que a medio plazo no implique un incremento de costes a la empresa ni una reducción de la protección al trabajador, distribuyendo incentivos y sanciones de la forma más adecuada posible.

¿Hay voluntad política y social para abordar una reforma de este calado o por el contrario pretendemos reproducir un modelo de creación de empleo que castiga a los jóvenes, dificulta las inversiones en formación de las personas, retrasa la creación de hogares y agrava las desigualdades sociales?