El debate sobre la guerra de Sucesión

¿Historiadores románticos?

Hace falta una historia crítica pero que lo sea con los mismos parámetros para Catalunya y España

JOAQUIM ALBAREDA

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Hace pocos días EL PERIÓDICOse hacía eco de dos libros (los autores, Jordi Canal y Roberto Fernández) que pretenden revisar la interpretación de la guerra de Sucesión en Catalunya. Si bien es cierto que la conmemoración oficial del Tricentenari fue a remolque de la agenda política soberanista -algunos ya nos quejamos de ello- la utilización de la historia en el lado españolista no ha sido diferente. Solo hay que recordar el coloquio de la FAES en Barcelona en el 2014 donde participaron Ricardo García Cárcel y Jordi Canal que ahora reclaman, ¡mira por dónde!, una historia crítica con el nacionalismo. O la obra coordinada por Antonio Morales1714. 'Cataluña en la España del siglo XVIII', un libro de combate en el que, salvo algún trabajo serio, parece que el objetivo principal sea la descalificación sistemática de determinados historiadores catalanes con la argumentación más tronada a favor del absolutismo borbónico sin aportar pruebas que avalen sus afirmaciones.

De hecho, este procedimiento ha sido habitual en las críticas dirigidas al libro de Josep Fontana 'La formació d'una identitat'. Una historia de Catalunya, hasta el extremo de tildarlo de romántico (Santos Juliá, el más beligerante) cuando Fontana, justamente, es el historiador menos romántico de todos, el más riguroso y bien documentado como pone en evidencia su libro donde no hay rastros de elementos esencialistas sino todo lo contrario.

No recuerdo, en cambio, tanta inquietud entre los historiadores ante el sesgo esencialista de las dos obras de la Real Academia de la Historia, 'España. Reflexiones sobre el ser de España (1998) y España como nación' (2000). «¿Qué dirían en las Españas si en Catalunya publicáramos un título similar?», escribió indignado Ernest Lluch?

A menudo estos historiadores 'críticos' hacen apoyar sus argumentos en Jaume Vicens Vives que en el año 1952, en pleno auge del mito de absolutismo, escribió que la liquidación de las instituciones en 1714 benefició a Catalunya. Pero siempre olvidan que en 1954, en 'Notícia de Catalunya', concluyó: «Todo fue agua abajo en 1714. Y así los catalanes conocieron el Estado moderno en las circunstancias menos halagüeñas: impuesto por conquista, organizado por mantenerla , sin ningún contacto con la tradición del país ni con la realidad de aquel momento».

No hay, por tanto, contradicción, como presuponen algunos, entre los planteamientos historiográficos del maestro y los de su discípulo Josep Fontana que, junto con Pedro Ruiz Torres, ha cuestionado a fondo el mito de absolutismo en el sentido 'modernizador' (es decir, racionalizador), tal como han hecho historiadores anglosajones, franceses y alemanes. Desgraciadamente, esta revisión no ha tenido lugar en España donde predomina el discurso del 'despotismo ilustrado' y sus supuestas virtudes reformistas que hallamos en el libro de Roberto Fernández 'Cataluña y el absolutismo borbónico' (Premio Nacional de Historia, galardón con claras connotaciones políticas). Fernández insiste al otorgar al Estado un papel decisivo en las transformaciones económicas de Catalunya y en su progreso. La justificación de fondo del absolutismo borbónico es lo que rezuma la obra, repleta de viejos argumentos y pocas novedades historiográficas. Por otra parte, que la burguesía se acomodara al nuevo régimen no quita que hubiera disidencia política, muy clara a partir de 1740, ante la corrupción en municipios y corregimientos, y la falta de mecanismos de participación política. Por ello las autoridades borbónicas no dejaron de expresar su desconfianza y temor al «amor a la libertad de los catalanes» y a su carácter «republicano».

EL ESTADO NACIÓN

Por último, estos historiadores rechazan el término Estado nación aplicado a la Catalunya medieval y en los siglos modernos hasta 1714 y se escandalizan que Fontana lo utilizan. Sin embargo, olvidan que Pierre Vilar habla de Estado nación y Estado catalán. También historiadores prestigiosos como Thomas N. Bisson o Manuel Sánchez. ¿Cómo debemos calificar, pues, aquel entramado institucional con cortes, gobierno, fiscalidad, moneda propia y deuda pública? Claro que aquel concepto de Estado no es lo que tenemos hoy. Y que ese sistema representativo, muy desarrollado en 1714, que limitaba el poder del rey y que se basaba en la defensa de la ley y de la representación política, no era democrático. Pero eso los historiadores ya lo sabemos. Otra cosa es que las instituciones (por un lado y por otro) utilicen estos términos de forma anacrónica con fines políticos.

¿Que hace falta una historia crítica? Por supuesto. Pero que lo sea de verdad y que se aplique con los mismos parámetros tanto para Catalunya como para España. Y que se fundamente en pruebas y no en retórica que, a base de repetirla, deviene verdad incuestionable.