Estado laico, ya

Durante las últimas semanas los partidos han ido dando a conocer sus programas en materia religiosa de cara a las elecciones del 20-D. De ellos cabe destacar cuatro aspectos: la importancia concedida al tema religioso, el amplio eco en los medios de comunicación, la concreción de las propuestas y los cambios introducidos en relación con los privilegios de los que goza Iglesia católica en todos los campos: político, económico, jurídico, fiscal, educativo, cultural, simbólico, militar, etcétera.

Privilegios a los que, a decir verdad, han contribuido todos los partidos gobernantes, de centro, de derechas y de izquierdas, en una especie de carrera de méritos para ganarse el favor del clero y de la jerarquía católica, a los que miraban con el rabillo del ojo para evitar sus reprimendas desde los púlpitos dominicales o las pastorales episcopales. Unos y otros partidos en el poder hacían lo imposible por llegar  a acuerdos con la jerarquía católica que, a la postre, limitaban la independencia del Estado y ampliaban los espacios de influencia del poder religioso en la esfera pública. La sombra de la jerarquía eclesiástica en la vida  política era y sigue siendo muy alargada 

    Me han llamado la atención especialmente por su radicalidad las propuestas del PSOE, que van desde la supresión de la religión del curriculo y del horario escolar, hasta la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, pasando por la reclamación de la titularidad pública de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin la debida justificación de titularidad.  ¡Bravo!

    Sin embargo, el anuncio de estas medidas ha generado en amplios sectores sociales, culturales, religiosos y políticos una justificada y merecida actitud de escepticismo y descreimiento, motivada por la inacción del PSOE, e incluso por su actuación contraria a las iniciativas ahora propuestas durante los 21 años que estuvo en el poder (1982-1996; 2004-2011). Durante ese largo periodo, lejos de ponerlas en práctica, mantuvo el status quo de confesionalidad católica, al menos indirecta, e incluso amplió los privilegios a la Iglesia en materia económica con el incremento, con carácter estable, del coeficiente del IRPF del 0,52 al 0,70 en la asignación presupuesta, de la que es única receptora la citada Iglesia. Incremento que se produjo a través de un intercambio de notas entre el nuncio de la Santa Sede, entonces Manuel Monteiro, y el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a la sazón Miguel Ángel Moratinos.

    No se puede jugar con el Estado laico y, sin embargo, se viene jugando en España desde hace dos siglos, sin apenas avanzar en su creación. Y ello, a mi juicio, con la complicidad de los sectores liberales en el siglo XIX y de los progresistas en el siglo XX y XXI, salvo los intelectuales, legisladores y dirigentes políticos laicistas en la II República que demostraron coherencia en este tema. 

    La constitución de 1812, que pasa por ser liberal, es quizá la más esencialistamente nacionalcatólica, como se pone de manifiesto en su artículo 12: «La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra». De entonces para acá venimos arrastrando la confesionalidad del Estado y de no pocas de sus instituciones, como la escuela, solo con leves revoques de fachada.

    El Estado laico es demasiado serio para dejarlo solo en manos de los políticos. Tiene que producirse una verdadera movilización popular, una nueva marea, que exija a los futuros gobernantes y legisladores la puesta en práctica de las siguientes propuestas como condición necesaria para llevar a cabo la transición religiosa, que todavía está en ciernes: 

    –Reforma Constitucional en, al menos, dos artículos: el 16.3, que incurre en contradicción manifiesta al declarar simultáneamente la no confesionalidad del Estado y el reconocimiento de la Iglesia católica; el 27.3, que introduce la formación religiosa confesional en la escuela. 

    –Derogación de ley de libertad religiosa de 1980 y elaboración de una ley de libertad de conciencia, que respete por igual las diferentes creencias y no creencias religiosas.   

    –Denuncia de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, que son, en realidad, una continuación modificada del Concordato de 1953, preconstitucionales e incluso anticonstitucionales, y derogación de los Acuerdos de 1992 con las comunidades musulmana, judía y evangélica.

    –Estatuto de laicidad en los niveles municipal, autonómico y estatal para evitar confusión e interferencias del poder religioso en el poder político y viceversa.

    –Supresión de la religión confesional en la escuela.

    –Autofinanciación de las religiones. H

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III .