02 jun 2020

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El Congreso de los Diputados aplaude tras el minuto de silencio que se ha guardado como despedida del fallecido socialista Txiki Benegas.

AGUSTÍN CATALÁN

¿De verdad que toca una renta básica?

Carles Campuzano

Desde hace tiempo en Cataluña se está planteando la necesidad de establecer una Renta Básica Universal para combatir la pobreza. Es una propuesta que viene de lejos y que desde el mundo académico y social tiene encarnizados defensores. Además, durante estos años de crisis, con el aumento del paro de larga duración, el incremento de las desigualdades y de la pobreza, las políticas de reducción del gasto público y la irrupción del fenómeno de los "trabajadores pobres",la discusión sobre los mecanismos de garantía de rentas de las personas en situación precaria se ha multiplicado y las propuestas de las diversas fuerzas políticas y sociales también.

Mi planteamiento, de entrada, es que una Renta Básica Universal es una mala idea para combatir la pobreza. La idea de una transferencia de dinero por parte del Gobierno a cualquier ciudadano con independencia de su renta y de manera incondicionada me parece un disparate. Y me lo parece, no principalmente por su coste sino porque es incompatible con la aspiración a un trabajo digno y decente para todos,  y no refuerza la idea de que el contrato social que nos permite vivir juntos implica derechos y deberes. Pero ciertamente, la persistencia de la pobreza y el paro de larga duración nos plantean un enorme reto a corto plazo y los impactos de la digitalización y la robotización de la economía se convierten en un desafío de primera magnitud en la concepción del trabajo que hemos tenido hasta ahora. Desde esta perspectiva, la demanda a favor de una Renta Básica gana adeptos. Hace unos días leíamos que el gobierno de centro derecha finés ponía en marcha, en determinadas zonas del país muy castigadas por el paro, un programa experimental del pago de una prestación económica incondicionada que iba ligada también a la desaparición de determinadas ayudas finalistas. El argumento que justifica la medida es el de la lucha contra la pobreza y el paro, pero es también el de la simplificación administrativa: en una sola ayuda concentramos todos los esfuerzos. Y algunos ayuntamientos holandeses también se movían en esta dirección. De manera prudente y en forma de experiencia piloto.

El debate está vivo, en Cataluña y en toda Europa.

Ahora bien, en materia de políticas contra la pobreza y las desigualdades en nuestro contexto, sí que son urgentes determinadas actuaciones; no podemos esperar resolver las dudas legítimas que nos generará una renta básica universal, toca priorizar y decidir.

Podemos apuntar algunas medidas que, en mi opinión, son imprescindibles.

La ampliación y racionalización de la protección social de los parados de larga duración en el marco del sistema de la Seguridad Social, establecer una prestación universal para la crianza de los hijos, mejorar la renta mínima de inserción que gestiona la Generalitat e incrementar gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional, forman parte de este paquete que toca ya poner en marcha en los próximos tiempos. Todo ello en un contexto, por otra parte, en el que es imprescindible reducir unas tasas de paro absolutamente disparadas y que no resisten la comparación con los países de nuestro entorno. A nivel estatal, el número de familias en las que todos sus miembros están parados supera el 1.500.00, igual número que a finales de 2011. Y el número de hogares sin ingresos supera los 700.000. Necesitamos crecer económicamente y crecer bien: más trabajo y más productividad, con más inversiones en formación y tecnología son las claves de nuestro progreso colectivo.

Ciertamente, tanto en Catalunya como en España los problemas de la pobreza y el desempleo tienen un carácter estructural. Incluso en los mejores momentos de expansión económica, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, nuestras tasas de pobreza infantil estaban disparadas. La debilidad de un Estado del Bienestar que no ha priorizado el apoyo a las familias y a los niños, en parte, lo explica de manera muy fehaciente. De ahí la necesidad de una prestación para la crianza de los hijos, como hemos defendido desde Convergencia en el Congreso de los Diputados o recientemente ha propuesto la plataforma Fedaia.

O como hemos podido constatar durante esta crisis, nuestro sistema de protección al desempleo no puede resistir una crisis tan larga y persistente en el tiempo, y en el que ha aumentado dramáticamente el paro de larga duración y ha disminuido la tasa de cobertura de la prestación del paro. Además, el gobierno del PP ha recortado la protección social de los parados mayores. Hoy el número de personas que llevan más de un año sin trabajo llega casi a los 3.000.000.

CCOO y UGT a nivel estatal han hecho propuestas potentes y muy asumibles para paliar esta situación con una propuesta de ingresos mínimos para 2.000.000 de personas que hoy no tienen ni trabajo ni prestación social y también la UGT de Cataluña ha propuesto medidas para los parados mayores de 55 años, que desde CDC hemos recogido. Es en este contexto, donde tenemos que encajar en Catalunya el debate sobre la reforma de la renta mínima de inserción y la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía que prevé el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Mientras Catalunya reciba la financiación actual, como el resto de comunidades de régimen común, hay que exigir que sea el sistema de la Seguridad Social que haga frente a las situaciones de necesidad vinculadas al paro de larga duración.

Evidentemente toca afrontar la situación de los salarios con un incremento moderado del Salario Mínimo Interprofesional que nos permita llegar en cuatro años a los 1.000 euros (hoy el SMI está en 648 euros mensuales), acompañado de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Sociales en aquellas actividades más intensas en empleo y revisar todos aquellos aspectos del marco laboral, especialmente en materia de negociación colectiva, reducción de la temporalidad, el abuso de fórmulas no laborales de contratación de los jóvenes y la regulación del trabajo a tiempo parcial, que explican, en parte, la irrupción del fenómeno de los "trabajadores pobres".

Y, finalmente, hay que invertir en políticas de empleo para reincorporar al trabajo a tanta gente que no lo tiene, recalificar a muchos jóvenes sin formación y combatir a fondo el fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo.

Mientras discutimos, y tal vez ensayamos una Renta Básica, el trabajo a realizar es ingente y urgente. ¡No nos distraigamos más de la cuenta!