Editorial

Declaración sin salida

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El Parlament consumó ayer la votación de la declaración soberanista que supone el presunto inicio de la «desconexión» con España y la desobediencia de las leyes y del Tribunal Constitucional si son contrarias a lo que decida la Cámara catalana. La resolución, recordémoslo, tiene la mayoría absoluta de los diputados del Parlament (72) pero queda muy lejos de los dos tercios (90) que los catalanes nos fijamos voluntariamente en el 2006 para modicar nuestro Estatut.

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El independentismo se ha embarcado en un proceso de huida hacia ninguna parte que va a quedar en entredicho en escasos días cuando, a petición del Gobierno, el Tribunal Constitucional suspenda la resolución y advierta de inhabilitación a una serie de diputados y miembros del propio Govern (en funciones, para más inri). No dudamos de la voluntad de arrostrar las consecuencias judiciales, por ejemplo, de la presidenta del Parlament, pero ¿qué ocurrirá cuando se requiera la intervención de un funcionario para realizar una tarea derivada de la resolución? O esta es un brindis al sol del que sus señorías se van a olvidar mañana o las consecuencias que de ella se desprendan pueden poner a muchas personas fuera del marco legal. Se acabó el tiempo de las declaraciones cara a la galería. No se pueden organizar estructuras de Estado paralelas -leyes de Hacienda o de Seguridad Social, para empezar-, que derivan del mandato de ayer, a base de voluntarios. Como no es concebible la desobediencia de las leyes a gusto de cada cual. Con ello, el Parlament se sitúa al margen de cualquier regla del juego democrática y no puede encontrar la comprensión de nadie en el conjunto de España, en la Unión Europea, ni la comunidad internacional.

El sondeo de GESOP que este diario publicó el domingo indica claramente que la ruptura unilateral no es aceptada por la mayor parte de la ciudadanía y que hasta un 23% de los votantes de Junts pel Sí tampoco la comparten. La coalición ganadora de las elecciones, que no consigue los votos necesarios de la CUP para investir a Artur Mas, como veremos hoy, se ha cerrado todas las puertas a una negociación y se olvida del marco que genera el mayor consenso entre los catalanes, que es el de la consulta acordada. En su extravio, los independentistas conducen al país al precipicio y ni siquiera son capaces de elegir al conductor.