Gobierno y alimentación sana, ¿una relación imposible?

La declaración de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de que las carnes procesadas son cancerígenas y las carnes rojas probablemente también ha supuesto un tema importante de conversación esta semana, pero sobre todo debería haber supuesto un tema de reflexión acerca del papel de los gobiernos para  facilitar y promover el acceso de la población a una alimentación saludable y variada, y desincentivar el consumo de alimentos menos saludables o que se pueden asociar a enfermedades.

Sabemos desde hace años que una alimentación variada y de calidad es un activo para la salud de la población. Asimismo, sabemos que la posibilidad de adoptar una alimentación de este tipo, con el acceso a comercios y los recursos necesarios para ello, es algo fuertemente influido no tanto por los hábitos de vida individuales como fundamentalmente por los condicionantes sociales que los determinan (el nivel de renta y educativo, el entorno urbano o rural en el que se habita…).

Existen diferentes tipos de políticas públicas para influir en la alimentación que toma la población y vincularla a mejores resultados en salud. La mayoría de las experiencias disponibles se han centrado en desincentivar el consumo de alimentos considerados perjudiciales para la salud; es el caso de la implantación de impuestos o tasas especiales a la venta de refrescos azucarados (como intentó Michael Bloomberg cuando era alcalde de Nueva York) o la instauración de otro tipo de tasas frente a alimentos hipercalóricos. Estas políticas de uso de impuestos para desincentivar el consumo de grupos concretos de alimentos han mostrado resultados heterogéneos pero no han demostrado con claridad servir para mejorar la salud de la población, mientras que sí presentan efectos indeseables, como un menor impacto salutogénico (capacidad de producir beneficios saludables) en la población de renta baja, así como un mayor impacto negativo sobre su renta disponible.

Por otro lado, las políticas que muestran resultados más esperanzadores en la mejora de la salud de la población son las que abordan el acceso a la alimentación saludable desde el punto de vista de facilitar la disponibilidad de alimentos variados y de calidad sin desincentivar el acceso a los alimentos considerados perjudiciales. Este sería el caso de políticas de beneficio fiscal que favorezcan que comercios que vendan verduras, carnes y pescados de calidad y con gran variedad se sitúen en áreas en las que hoy no existen este tipo de comercios a una distancia caminable (aspecto fundamental para ciertos sectores de población con menor facilidad para el desplazamiento en transporte motorizado), actuando asimismo sobre los precios de venta al consumidor.

Anteponer la libertad de mercado al intervencionismo estatal en materia de alimentación saludable no parece ser la mejor opción para abordar con una perspectiva de salud pública la alimentación de la población, pero es necesario que esta intervención se haga tras evaluar las erráticas experiencias ya implementadas.