La industria, en peligro

La industria en Catalunya pasa un mal momento. Pero describir la realidad no implica certificarla ni resignarse. Estos días varias empresas, como Valeo, Solvay, CSA o Eulen, entre otras, plantean, con una u otra variante, expedientes de cierre, frente a los que los trabajadores se movilizan sindicalmente en defensa de sus puestos de trabajo, exigiendo responsabilidad a la empresa. Anuncios que sin duda impactan en un entorno económico donde aún tenemos que apreciar las posibles consecuencias del fraude de las emisiones de Volkswagen y las implicaciones para Seat, empresa que, junto con Nissan, soporta buena parte de la industria auxiliar del sector de la automoción, donde los déficits estructurales de la economía no se han abordado durante los años de la crisis.

La mayor parte de los expedientes son de empresas que tienen producto y mercado pero plantean deslocalizar la producción aduciendo falta de competitividad. En esta realidad conviven dos posiciones poco conciliables. Por un lado, la posición sindical. Comisiones Obreras queremos utilizar los espacios de negociación colectiva y diálogo social para acordar: plan industrial, garantías laborales y medidas sociales. El objetivo es garantizar la actividad productiva, minimizar impactos laborales y eliminar los efectos sociales y territoriales. La otra posición es la del Govern, poco proactiva en la búsqueda de la solución, que muestra comprensión con la justificación empresarial y exhibe poca capacidad propositiva para garantizar actividad, trabajo y equilibrio social y territorial. Se constata la dificultad para un trabajo de colaboración, propio de los países del centro y el norte de Europa, entre los representantes sindicales de los trabajadores y los representantes gubernamentales. Pero esta crítica a la inacción del Govern cuando estalla el problema hay que traducirla en una exigencia de corrección de los déficits en política industrial que arrastramos, para evitar así una deriva que debilita la tradición industrial del país y con ella su propio modelo social.

En el momento de recesión económica, los procesos de deslocalización industrial generan destrucción de capacidad productiva instalada  y pérdida de empleo. Ahora, en un momento diferente del ciclo económico, persisten y están consolidando un panorama de desindustrialización del país, con negativas consecuencias sociales y territoriales. Cuando la economía catalana y española muestran signos de recuperación, aunque muy débiles e inciertos, seguimos instalados en los efectos negativos de la crisis: altas tasas de desempleo y escasa recuperación del empleo y de muy baja calidad, falta de inversión industrial y débil crecimiento de la demanda interna. Este es el resultado de la falta de una política industrial proactiva que hubiera puesto las bases para superar el debilitamiento de la capacidad productiva y situar a la empresa en el nuevo ciclo tecnológico y productivo. Es el recorte de la inversión y el gasto del sector público y la apuesta por la devaluación de las condiciones laborales lo que ha dificultado un mayor dinamismo industrial y la necesaria modernización empresarial, que requería inversiones, infraestructuras, conocimiento, cualificación e innovación. Para que la recuperación económica en Catalunya se traduzca en bienestar y empleo, necesitamos coordinar la acción de los agentes y las instituciones gubernamentales priorizando y modernizando el sistema productivo. Fiarlo todo al mercado, sobre todo cuando las empresas tienen los centros decisorios a mucha distancia y lo supeditan todo el beneficio monetario sin ninguna responsabilidad social o territorial, es temerario.

Los poderes públicos y los sindicatos tenemos que intervenir concertadamente para orientar las políticas industriales. El nuevo paradigma tecnológico, que penetra de forma transversal todo el tejido productivo, nos empuja a implementar la eficiencia de procesos y la reducción de la intensidad material y energética de los productos y servicios. Urge planificar una transición del modelo energético y adaptar el proceso industrial a las exigencias impuestas para combatir la crisis ambiental. La competitividad industrial depende más de la capacidad de adaptación y transformación de los sectores económicos que de la reducción del coste laboral o su localización.

Necesitamos medidas legislativas y acciones de gobierno concertadas que incentiven la transición de las actividades poco rentables hacia sectores emergentes para facilitar el traslado del capital financiero de unos sectores a otros. Esto no lo hace solo el mercado; la apuesta gubernamental es determinante. Si no actuamos, el capital financiero mantendrá la tendencia a emigrar de los sectores maduros para dedicarse a inflar burbujas especulativas en lugar de reinvertir en la nueva industria.