El paraíso andorrano de la familia Pujol

La familia Pujol Ferrusola ingresó en Andorra 47 millones de euros -30 de ellos en efectivo- entre los años 1990 y 2012. Es un dato hiriente y demoledor que emerge entre la documentación que las autoridades del principado pirenaico han remitido a la justicia española, que investiga las actividades del expresident de la Generalitat, su esposa y sus hijos. Y es un dato que marca un punto de inflexión en esas investigaciones, no solo por la enormidad de la cifra sino porque quien da fe de ella no es una instancia judicial o policial española sino Andorra, un país hasta ahora extremadamente reacio a explicar las finanzas de los clientes de sus bancos. Es decir, no hay cabida para las teorías de la conspiración.

Andorra es el escenario del laberinto financiero fraguado por la familia Pujol Ferrusola, en el que la justicia española se está adentrando. A la luz de lo que se está conociendo, pierde mucha relevancia la confesión del 25 de julio del 2014 de Pujol sobre el dinero que su padre tenía en el extranjero y que en 1980 legó a la esposa y los hijos del ya president. Entonces Pujol vino a decir que se desentendió de ese dinero, y que unos albaceas mantuvieron la gestión del mismo porque casi todos sus hijos eran menores de edad, pero ahora ha aparecido un documento autógrafo suyo del 2001 en el que se reclama el verdadero titular de la cuenta abierta con el dinero del abuelo Florenci. Una circunstancia que agrava su responsabilidad. ¿Tiene relación esta extraña peripecia financiera familiar con los abundantísimos ingresos efectuados en Andorra durante 22 años, fundamentalmente por Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident? Según la fiscalía, sí, y mucho, y por eso reclama la unificación de ambas causas.

La sombra de las comisiones ilegales en la época de gobierno de Pujol y la naturaleza sospechosa de los pingües negocios de varios de sus hijos se agranda. Que eso esté sucediendo al mismo tiempo que en Catalunya se desarrolla el proceso independentista no merma la necesidad de perseguir la corrupción, objetivo que, como no puede ser menos, comparte todo el arco político catalán. Los delitos (supuestos, de momento) tipificados en el Código Penal deben ser castigados, y a tenor de lo que va emergiendo es harto probable que la familia de Jordi Pujol Soley haya infringido la ley y la moralidad.