La clave andorrana

La macrooperación policial desencadenada hoy contra varios miembros del 'clan Pujol' y empresarios a ellos vinculados tiene su origen en la comisión rogatoria internacional cursada por la Audiencia Nacional y copiosamente contestada por Andorra. Miles de documentos sobre el entramado económico de la familia Pujol obran en poder del juez instructor, José de la Mata, que ocupó un alto cargo en el Ministerio de Justicia bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuando Pasqual Maragall aireó en el Parlament el secreto a voces del 3% de CDC, hace ya una década, sabía de qué hablaba, aunque careciese de pruebas. Hasta el 2012, ni la Policía ni la justicia española pusieron particular empeño en acreditar tales sospechas de corrupción, pero diversas denuncias  --de una amante despechada, de una concejal de ERC en Torredembarra...-- y la eclosión del proceso soberanista en Catalunya impulsaron toda una serie de investigaciones que ahora empiezan a dar sus frutos. Mientras cobran cuerpo las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat, con delaciones incluidas, el 'caso Pujol' se acelera gracias al cambio de actitud de las autoridades del paraíso fiscal andorrano, hasta hace bien poco celosas guardianas del secreto bancario.

Dos acontecimientos relativamente recientes explican la predisposición de Andorra a colaborar con la justicia española en el 'caso Pujol'. En su intento de relajar la presión internacional sobre los burladeros tributarios, el Gobierno andorrano recibió el pasado enero  al presidente español, Mariano Rajoy Mariano Rajoy. El pretexto fue la firma de un convenio de doble imposición, incluido un sistema de intercambio de datos fiscales entre el Principado y España. Pero sobre la mesa ya estaba el caso de la presunta herencia de los Pujol oculta durante décadas en Andorra. Si Rajoy y su homólogo andorrano, Antoni Martí, profundizaron o no en este asunto jamás se supo con certeza, aunque cabe intuirlo.

Dos meses más tarde, el Departamento del Tesoro de EEUU destapaba la implicación de la Banca Privada d'Andorra (BPA) en el blanqueo masivo de dinero procedente de la mafia y el narcotráfico, un golpe que pudo ser mortal para una estado que colapsaría sin el negocio bancario. Entonces España contribuyó discretamente a resolver esta grave crisis, en el bien entendido de que en adelante las autoridades andorranas relajarían su férreo secretismo bancario y colaborarían activamente cuando la justicia española lo reclamase.

Aquella siembra comienza a dar sus frutos.