23 oct 2020

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La gran evasión tributaria legal

ELISEO OLIVERAS

Las empresas pagan cada vez menos impuestos por sus beneficios en la Unión Europea (UE), lo que impide recaudar lo suficiente para financiar de forma adecuada los servicios públicos y la protección social. El déficit público que eso genera se esgrime como justificación desde la Comisión Europea para exigir más recortes sociales.

El tipo del impuesto de sociedades en la UE bajó 10,4 puntos porcentuales desde 1998 al 2014, según datos de la Comisión Europea. El tipo efectivo que pagan las empresas por sus beneficios, muy inferior al nominal gracias a múltiples deducciones, también bajó en 8 puntos en el mismo periodo. Si se compara con el gravamen del impuesto de sociedades existente en 1981, antes de aplicar las políticas neoliberales, la caída acumulada es de más de 20 puntos, según la OCDE.

España es un ejemplo típico de la bondad gubernamental con las empresas. El tipo efectivo del impuesto sobre los beneficios empresariales era del 20% en el 2006, mientras que se ha situado alrededor del 10-11% desde el 2010 y para los grupos empresariales ha caído hasta el 5%, según datos de la Agencia Tributaria.

La «carrera hacia abajo» en los impuestos a las empresas, favorecida por la Comisión Europea, ha generado una competencia desleal entre los estados para atraer empresas a su territorio. Irlanda y Chipre encabezan en la eurozona el ránking de países con el impuesto de sociedades más bajo: el 12,5%.

La gran evasión tributaria legal se ha visto complementada en las dos últimas décadas con el desarrollo de paraísos fiscales para las compañías en Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda y la propia España, así como por la proliferación de la ingeniería contable y de las filiales en paraísos fiscales. Las empresas del Ibex, por ejemplo, tienen más de 800 filiales en paraísos fiscales.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dictaminó este miércoles que Fiat en Luxemburgo y Starbucks en Holanda habían escamoteado en los últimos años el pago de hasta 30 millones de euros en impuestos cada una gracias a «las ventajas fiscales ilegales» concedidas por los gobiernos de esos países. Pero el dictamen solo afecta a dos empresas, la pequeña punta de un gigantesco iceberg.

Más de 350 multinacionales tienen acuerdos secretos con el Gobierno de Luxemburgo para evitar pagar impuestos por sus beneficios en otros países de la UE, como reveló la investigación de Luxleaks, sin que la Comisión Europea haya iniciado una investigación exhaustiva. Esos acuerdos fueron promovidos cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro y ministro de Finanzas del país. Entre las compañías beneficiarias figuran: Apple, Amazon, Coca-Cola, Pepsi, Heinz, Walt Disney, E-ON, GlaxoSmithKline, Vodafone, Deutsche Bank. Commerzbank, Unicredit, AB Amro Axa.

España, paraíso fiscal

Holanda cuenta con más de 10.000 empresas que se benefician del paraíso fiscal de las entidades de propósito especial (SPE) con una presencia limitada en general a meros buzones de correo. En Amsterdam, un edificio del grupo Intertrust, por ejemplo, alberga la sede en papel de centenares de multinacionales. Entre las compañías españolas que operan a través del paraíso fiscal holandés figuran: Telefónica, Repsol, Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola, Unión Fenosa, Abertis y Ferrovial.

España utiliza desde 1995 un sistema de paraíso fiscal equiparable con las Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Además de eximir del pago de impuestos por los beneficios obtenidos en las inversiones extranjeras, por el reparto de dividendos y por las plusvalías, permite a esas sociedades instrumentales recibir ayudas públicas y obtener rebajas fiscales en España. Entre las multinacionales que se benefician del opaco sistema español están ExxonMobile, American Express, Hewlett Packard, el grupo de alimentación General Mill, la farmacéutica Eli Lilly y Foot Locker.

A raíz del escándalo de Luxleaks, la Comisión Europea prometió dar transparencia a los pactos fiscales con las empresas, pero renunció a combatir ese método de evasión fiscal. La presidencia semestral luxemburguesa ha conseguido, además, que el Consejo de Ministros de la UE restrinja la aplicación de la directiva sobre la transparencia solo a los acuerdos fiscales transfronterizos y limite la obligación de hacerlos públicos a los posteriores al 1 de enero del 2012, cuando la inmensa mayoría son anteriores. La directiva no entrará en vigor hasta el 2017.

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