Ir a contenido
El ministro Cristóbal Montoro entrega los Presupuestos del 2016 al presidente del Congreso, Jesús Posada.

ARCHIVO / JOSÉ LUIS ROCA

La tragicomedia de los Presupuestos Generales del Estado

Isabel Giménez Sánchez

Como ya comentamos en el verano, este ejercicio el Gobierno español presentó sus Presupuestos mucho antes de lo habitual, ante la perspectiva de las elecciones de diciembre, pese a que será el Gobierno salido de las urnas el que deberá llevar adelante la ejecución de los mismos. Con lo que, ya de entrada, resultaba bastante probable que esos Presupuestos que el Gobierno ha urgido a aprobar, acabarían por ser reformados por las nuevas fuerzas parlamentarias por venir. Pero además, ahora sabemos, después de la intervención de la Comisión europea de los últimos días, que el nuevo Gobierno que se forme en 2016, necesariamente deberá presentar unos Presupuestos reformados.
Pasemos pues al segundo acto –el europeo— de esta tragicomedia.

Con los presupuestos aprobados por el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre, la Comisión aceptó evaluarlos antes del plazo establecido, que es el 1 de noviembre. Y lo que ya de por sí no era normal, acabó dando lugar a una situación realmente bochornosa e impropia de las instituciones europeas. En efecto, todo comenzó cuando el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, Pierre Moscovici, horas antes de que el Colegio de Comisarios adoptara formalmente su opinión, anunció en el Eurogrupo que, según sus cálculos, España no cumpliría el objetivo de déficit en 2015 y 2016 y que Gobierno que se forme tras las elecciones de diciembre debería actualizar el presupuesto. Sin embargo, tras las fuertes críticas recibidas no solo desde el Gobierno español, sino incluso del propio ministro de economía alemán, al día siguiente, el comisario fue desautorizado por el presidente Juncker, al posponer la adopción de la posición común, algo inaudito en sí mismo.

Tas una semana de negociaciones, España conseguía un par de pequeñas mejoras en el texto finalmente aprobado por la Comisión, aunque sigue siendo claro que el proyecto de Presupuestos de España despierta serias dudas acerca del cumplimiento de los objetivos de déficit –dudas que, por cierto, ya había manifestado en sus previsiones de primavera—. Además, la Comisión ha previsto un desequilibrio equivalente al 4,5% de déficit en 2015 y al 3,5% en 2016, que se traducen en 10.000 millones de euros. En consecuencia, la Comisión, “a la luz de los riesgos de cumplimiento subrayados… y que el Proyecto de Presupuestos no incluye las medidas actualizadas y completas de los gobiernos regionales”, insta a las instituciones españolas a “remitir un Proyecto de Presupuestos actualizado, especificando completamente las medidas regionales, lo antes posible. El nuevo plan debe tener en cuenta esta opinión para poder cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

En definitiva, que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que el 20 de octubre aprobó definitivamente el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Grupo Parlamentario Popular, forzosamente tendrán que ser modificados, lo antes posible, por exigencia de la Comisión Europea, con independencia de los resultados electorales del 20 de diciembre. De modo que tanta urgencia para nada… porque no está de más recordar que España se arriesga, en caso de no cumplir con las recomendaciones recibidas de la Comisión europea, a una sanción económica equivalente a una décima parte de la diferencia entre el déficit acordado y el previsto (entre el 0, 2% y el 0,5% del PIB), ya que España tiene abierto un procedimiento de déficit excesivo desde el 27 de abril de 2009, y sólo el año pasado logró cumplir el objetivo pactado con la Comisión, del 5,8% del PIB.

Pero, ¿cuál es papel de la Comisión europea en la aprobación de los Presupuestos españoles? Llegados a este punto, no debemos olvidar que la exigencia de estabilidad presupuestaria es una consecuencia directa de la propia existencia de la Unión Económica y Monetaria. El gran problema ha sido siempre que cuando se diseñó todo el sistema con el Tratado de Maastricht de 1992, sólo se forjó realmente una Unión Monetaria, mientras que la Económica fue siempre el eslabón más débil. En efecto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en 1997 (y reformado en 2005 y luego en 2011 mediante el llamado “Six-Pack”), intentaba garantizar el cumplimiento de las reglas de disciplina fiscal, pero sin establecer una auténtica política económica común o, al menos, intentar una mayor coordinación de las economías de la Eurozona. No obstante, con la gravedad de la crisis de la deuda soberana experimentada por varios Estados de la Eurozona, fue preciso ya aprobar un nuevo paquete de medidas de reforma, denominado “paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria” (Two-Pack), que está en vigor desde el pasado 30 de mayo de 2013 en todos los Estados miembros de la Eurozona. Básicamente, las nuevas medidas implican tres mejoras esenciales: una mayor transparencia en las decisiones presupuestarias adoptadas por los Estados miembros, una coordinación reforzada en la zona del euro a partir del ciclo presupuestario de 2014 y, por último, el reconocimiento de las necesidades especiales de aquellos Estados miembros de la Eurozona sometidos a fuertes presiones financieras. Pero, sobre todo, a los efectos que nos interesan, la entrada en vigor del Two-Pack también refuerza el control y la supervisión de los Estados miembros que sufran o corran el riesgo de sufrir graves dificultades en su estabilidad financiera.

Si bien la intensidad del control y la supervisión dependerá de la gravedad de la situación financiera del Estado miembro, el Two-Pack introduce un calendario presupuestario común y normas presupuestarias comunes para los Estados miembros de la zona del euro. Entre esas nuevas obligaciones está la de publicar sus proyectos de presupuesto para el año siguiente antes del 15 de octubre, para que la Comisión tenga margen para examinar cada proyecto de presupuesto antes del 30 de noviembre y, en caso de apreciar un grave incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, poder solicitar al Estado miembro en cuestión que presente un plan revisado.

En definitiva, estas nuevas reformas vienen a reforzar los poderes de las instituciones de la Unión respecto de la dirección de las políticas presupuestarias de los Estados miembros, con la consiguiente centralización del diseño institucional de la gobernanza económica europea, estableciendo un sistema que algunos consideran incluso menos respetuoso de la soberanía de los Estados que el federal de los Estados Unidos. Hasta el punto de que hasta el pleno del Parlamento Europeo ha criticado el sistema de gobernanza económica de la zona euro que tutela la Comisión Europea, reclamando mayor flexibilidad y soberanía para los parlamentos nacionales.

El problema una vez más, consiste en lograr la cuadratura del círculo: cómo lograr una mayor unidad económica, sin sacrificar la soberanía de los Estados miembros y, más importante aún, dotando de mayor legitimación democrática la adopción de decisiones…