02 jun 2020

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Refugiados

Carles Campuzano

Europa ha vivido entre la impotencia y la perplejidad la crisis de los refugiados, pero hacía ya varios años que la situación en Oriente Próximo, con las guerras de Irak, Siria y Yemen, en el Norte de África, con la desaparición del Estado en Libia, y en África subsahariana con países en crisis y conflicto permanentes, nos advertía que ante nuestras fronteras cientos de miles de personas habían tenido que abandonar sus hogares en busca de un nuevo futuro. Las dramáticas muertes en el Mediterráneo o la situación en las ciudades de Ceuta y Melilla, con vulneraciones constantes y continuadas de los derechos humanos, no son de hoy. A los europeos nos ha parecido que podíamos vivir como si lo que sucedía en nuestro entorno más inmediato no nos afectara, sin ser conscientes de que inevitablemente conflictos tan largos en el tiempo y tan cerca de nuestras fronteras nos acabarían desbordando.

Hacía tiempo que Grecia tenía que hacer frente a la llegada de refugiados a sus islas, pero no ha sido hasta la llegada de miles de personas en Hungría que Europa ha asumido la dimensión de la crisis. Se ha llegado muy tarde, pero también mal. El regateo en asumir responsabilidades comunes, el discurso xenófobo de determinados dirigentes como el húngaro Orban o la lentitud en la puesta en marcha de los compromisos asumidos hace unas semanas, tal y como acaba de denunciar la Unión Europea, son la expresión de lo mal que han reaccionado los gobiernos europeos una vez la situación se ha hecho insostenible. Ciertamente, la sociedad civil y muchos poderes territoriales más cercanos a la ciudadanía han reaccionado de otra manera. La energía solidaria y positiva es enorme y tendrá que saberse canalizar. También Angela Merkel ha sido audaz y comprometida. Pero hoy por hoy todo está por empezar y ya llegamos tarde…

Es necesaria una respuesta urgente e inmediata, pero se necesitan también transformaciones más profundas.

Apunto, sin ánimo de ser exhaustivo, algunas ideas:

1. El sistema común de asilo europeo se ha colapsado; seguramente ya estaba tocado antes de la crisis, pero ha sido incapaz de hacer frente a lo que hemos vivido estas últimas semanas y meses. De hecho, el sistema europeo dejaba en manos de los Estados el determinar la condición de refugiado, bajo unos estándares comunes europeos, y hacía asumir a este Estado todas las obligaciones que se derivan de la condición de refugiado reconocido como tal. Un sistema que hacía, en la práctica, que fuera el primer Estado al que llegaba un demandante de asilo el que tuviera que asumir todas las obligaciones respecto a esa persona si su solicitud de protección era aceptada, circunstancia que hace que la política de asilo siga siendo más una responsabilidad de los Estados que del conjunto Europa. Es evidente que este planteamiento no ha podido resistir a esta crisis. Toca abordar una reforma a fondo del sistema que lo haga, efectivamente, más europeo. Las propuestas concretas se han planteado y van en la dirección de distinguir entre el Estado donde se solicita la protección y el Estado donde finalmente residirá y acogerá al refugiado si ve aceptada dicha solicitud, haciendo a todos los Estados corresponsables de esta política. Se trata de proteger el principio de libre circulación, esencial en el proyecto europeo, y de hacer efectivo el derecho a la protección internacional, consustancial a los valores que sustentan Europa, sin cargar en exclusivas a los Estados miembros que forman la frontera de la Unión Europa, de las responsabilidades y obligaciones en este campo; pero también de evitar que las personas que buscan refugio y amparo tengan que depender de las mafias.

Un planteamiento de este tipo obliga a reforzar los países limítrofes de los conflictos y su capacidad de acogida, al tiempo que las políticas de reasentamiento y reubicación de los refugiados son efectivas y los pasillos humanitarios funcionan de manera ágil y ordenada.

2. En el caso de España, la crisis de los refugiados llueve sobre mojado. El sistema de asilo español es ciertamente mezquino, opaco y centralizado en su política de acogida y vergonzante cómo funciona en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Mezquino tanto por el escaso número de personas a las que España reconoce el estatus de refugiado como por la lentitud de las tramitaciones, con la consecuente desprotección que se crea en las personas refugiadas durante tanto tiempo. España recibió 5.947 peticiones de asilo en 2014 según CEAR; la mayor parte, 3.961, se presentaron una vez la persona llegó a territorio español; 1.033 en las fronteras, 587 en un Centro de Internamiento de Extranjeros y 314 de la embajada. De las 3.614 resoluciones dictadas durante el año 2014 para España sobre protección internacional, el Estado denegó el 56%. El Gobierno sólo dio su visto bueno al 44% de las peticiones que tramitó, representando sólo el 0,9 del conjunto de personas reconocidas como asilados en toda la Unión Europea. Los trámites se pueden alargar hasta tres años y mientras la persona se encuentra en una situación de enorme vulnerabilidad. Opaco y centralizado en la medida que las administraciones competentes en ámbitos claves en la integración de los refugiados, como son el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales o la vivienda, están al margen del funcionamiento de un sistema que depende del Ministerio del Interior. Y, finalmente, la situación en las plazas españolas del Norte de África no resiste una auditoría en derechos humanos; los centros de acogida colapsados, la discrecionalidad y los abusos de las autoridades marroquíes, que son las que en la práctica permiten o no el acceso de los refugiados en la frontera española, son enormes y los medios con los que se gestionan las solicitudes de protección escasos y limitados. Una vergüenza enorme.

Toca pues una revisión a fondo del sistema, dotándolo de medios y transparencia para garantizar que las obligaciones internacionales que tiene el Estado español, como firmante de la Convención de Ginebra de 1951, se cumplan de manera escrupulosa.

Y toca hacer un considerable esfuerzo para sensibilizar a la ciudadanía sobre el asilo y el refugio, seguramente el gran desconocido en Cataluña y en España en relación a los flujos de personas que llegan de otros países. Seguramente, con una sociedad más conocedora de lo que supone la condición de refugiado, que conozca las razones y causas que explican por qué las personas escapan de su país, que nos recuerde el drama de muchos de nuestros bisabuelos, abuelos y padres al terminar la guerra de 36-39 y que asuma el legado de los valores humanísticos que hicieron posible la Convención de Ginebra al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el derecho de asilo sería más fuerte también entre nosotros y la prevención ante el riesgo del estallido de la xenofobia más sólida.

3. Finalmente, la crisis de los refugiados nos ha vuelto a recordar que vivimos en un mundo global e interconectado y que las tragedias que acontecen en otros países poco o mucho nos acaban afectando. La frontera entre la política exterior y la política interior se difumina. Que nuestras obligaciones internacionales en materia de desarrollo económico y social y promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos en el África o Asia no son la guinda del pastel de una política pública de asuntos exteriores, sino que son absolutamente estratégicas también para garantizar la estabilidad y la seguridad, y una obligación ética en un mundo que aspiramos a que sea más justo. Y es que la crisis de los refugiados es también una discusión sobre el alma del proyecto europeo y de las sociedades nacionales que conforman Europa.

De cómo tratamos esta crisis y a los refugiados dice mucho de qué somos y qué aspiramos a ser.

Post publicado en el blog de Carles Campuzano

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