Un 'new deal' para el empleo

A punto de acabar la legislatura en las Cortes españolas, el funcionamiento del mercado de trabajo y la política laboral continúan siendo cuestiones mal resueltas por el actual gobierno español del Partido Popular.

Si la destrucción del tejido empresarial y de puestos de trabajo era la principal preocupación de los ciudadanos a finales del año 2011 cuando el PP llegó al Gobierno del Estado, casi 4 años más tardes, el paro y las condiciones laborales de los trabajadores continúan siendo la principal preocupación de la ciudadanía. Hay más inquietud y malestar que esperanza y optimismo, a pesar de que algunas cifras macroeconómicas podrían invitar al entusiasmo…

Tenemos datos buenos y malos datos, ciertamente. Las reformas de los últimos años han permitido que con un menor crecimiento económico se genere más empleo, pero una parte relevante de la nueva ocupación no garantiza ingresos suficientes a las familias y ha emergido el fenómeno de los trabajadores pobres.

Es cierto que las empresas han ganado flexibilidad para ajustarse a las necesidades y demandas de los mercados, pero también es verdad que el Gobierno español ha disminuido drásticamente los recursos de las políticas de empleo imprescindibles para facilitar el retorno al trabajo a todos aquellos que lo han perdido.

Es cierto que España, sin posibilidades de devaluar su moneda, no tenía alternativas que no pasaran por la devaluación salarial si quería ganar en competitividad, tal y como apuntaba Paul Krugman, pero también es cierto que el reparto de los esfuerzos de la crisis no ha sido justo. Las reducciones salariales se han concentrado en los trabajadores con los sueldos más bajos y en personas sin trabajo y con niveles de formación insuficientes.

Es verdad que hoy tenemos una tasa algo menor de temporalidad que antes de la crisis, pero la dualidad del mercado de trabajo continúa, especialmente para los jóvenes, siendo un grave problema.

Se reduce el paro y se crea ocupación, pero hay tres millones de puestos de trabajo menos que antes de empezar la crisis, a finales del año 2007.

Acabaremos pues la legislatura y quedará pendiente mucho trabajo.

Necesitamos un nuevo enfoque en la política laboral, un nuevo enfoque que vincule claramente el crecimiento y la recuperación económica con una distribución más justa de la riqueza. Hay que corregir lo que ha sucedido durante los años de la Recesión ahora que el ciclo económico ha cambiado de tendencia. Requerimos una nueva política laboral que también sea capaz de responder a las corrientes de fondo que ponen en crisis el modelo social europeo como son el incremento de las desigualdades, la globalización económica, los radicales cambios tecnológicos y el envejecimiento de la sociedad, con el objetivo de rehacer el pacto social que ha de garantizar la estabilidad y el progreso.

Apuntamos 12 ideas, válidas tanto para una Catalunya autónoma como para una Catalunya soberana en el ámbito laboral y de la Seguridad Social:

1- La concertación social, es decir, los acuerdos entre empresarios y trabajadores son esenciales. La negociación colectiva es fundamental desde este punto de vista, con una dosis considerable de coordinación a nivel de país. La primacía del convenio de empresa, tal y como apuntala la reforma laboral, no es buena para un tejido de pymes y microempresas del sector servicios, en la medida que empuja a competir en sueldos bajos y poco crecimiento de la productividad.

2- Las empresas necesitan flexibilidad y elasticidad para adaptarse a los cambios en las demandas del mercado y a las transformaciones tecnológicas en un contexto global altamente competitivo. La regulación laboral debe huir de rigideces. Desde este punto de vista, dar marcha atrás respecto a las mejoras introducidas en los últimos años no sería bueno.

3- La mejora de la competitividad no puede continuar viniendo por la vía de ajustar los salarios; todo lo contrario, los salarios deben mejorar. Es necesario, en este sentido, un aumento del Salario Mínimo Interprofesional, tal como el Grupo de CDC en el Congreso defiende, siendo capaces en los próximos 4 años de llegar a los 1000 euros mensuales. No obstante, en paralelo, hemos de ser capaces de que el conjunto de los salarios, por la vía del acuerdo entre empresas y trabajadores, se incrementen según la productividad, tanto con la pretensión de promover un crecimiento desde bases más sólidas como de facilitar una mejor distribución de los beneficios económicos.

4- Si los salarios han de mejorar, toca una revisión de los costes asociados al trabajo para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo si no queremos que el encarecimiento de la contratación haga aún más difícil la recuperación de puestos de trabajo, especialmente para aquellas personas con menor nivel de calificación. Hace falta pues una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas intensivas en empleo y hay que tener en cuenta que esta circunstancia obligará a reforzar la financiación de la Seguridad Social vía impuestos.

5- Para resolver la dualidad del mercado de trabajo necesitamos simplificar la contratación y un nuevo modelo de indemnización del despido en la línea de las regulaciones existentes en Austria e Italia, como hemos propuesto en el Congreso de los Diputados. Se trata de establecer para los nuevos contratos un fondo de capitalización que sirva para financiar los despidos, que sea “transportable” por el trabajador cuando cambia de empresa, que pueda complementar su pensión y que dé certeza y seguridad en la empresa sobre los costes de extinción laboral. Y una fórmula de estas características debe ir acompañada de una revisión de las cotizaciones para la prestación de desempleo, que introduzca el concepto de “bonus-malus” (incrementando las cotizaciones a quien despida en exceso y reduciéndolas para quien no despida) para promover un uso más responsable de la contratación temporal.

6- La seguridad de los trabajadores en el mercado de trabajo está claramente vinculada a las inversiones en su formación y en la existencia de unas políticas de empleo eficaces que acompañen a las personas que pierden el trabajo, tanto garantizándoles unos ingresos suficientes como facilitándoles la reincorporación a la vida laboral lo antes posible. Los planes de recolocación en las empresas en crisis deben ser estimulados y hay que garantizar su calidad. Toca pues, sin duda, invertir más y mejor en los servicios públicos de empleo para garantizar una atención personalizada a los parados, con un uso inteligible de toda la información que las administraciones tienen a su alcance sobre las historias educativas, formativas y profesionales de las personas (gestión del “big data”). Y desde este punto de vista, la colaboración con el sector privado sigue siendo imprescindible. Tanto las entidades del Tercer Sector como las iniciativas mercantiles especializadas en materia de trabajo son claves. Queda aún pendiente la regulación de un buen modelo de agencia integral de empleo.

7- El paro juvenil y las bajas tasas de actividad laboral de los jóvenes que tampoco estudian son de una enorme preocupación. Es urgente poner en marcha un plan de choque para la creación de empleo que genere primeras oportunidades de empleo para los jóvenes, que facilite el tránsito hacia un trabajo estable y de calidad, y hay que reforzar todos los instrumentos que dan a los jóvenes que han dejado de estudiar, nuevas oportunidades para mejorar su formación. Pero debemos aspirar a prevenir más que curar. Y por este motivo es necesario intensificar los esfuerzos para luchar contra la pobreza infantil, contra el fracaso escolar y contra el abandono prematuro del sistema educativo. Hay que promover la emancipación de los jóvenes vía un robusto sistema de becas y orientación profesional. Se deben impulsar políticas preventivas ante el paro juvenil basadas en el principio de la inversión en las capacidades y oportunidades de las personas.

8- Ampliar los niveles de protección social, especialmente para los trabajadores de más edad que han perdido el trabajo, que tienen enormes dificultades para volver a trabajar y que tienen el riesgo de convertirse en jubilados pobres, es urgente. El sistema de protección social no ha sido pensado para hacer frente al paro de larga duración y es iluso creer que las rentas mínimas que dependen de las comunidades autónomas le puedan hacer frente. Además, el PP ha reducido la protección para estos trabajadores más mayores. Toca una ampliación de la protección desde el sistema de la Seguridad Social, vinculando las prestaciones económicas a la aceptación de empleo y a la formación, ordenando y racionalizando los programas hoy existentes, que son claramente insuficientes, y ser muy activos para acabar con el estigma social de los trabajadores desempleados más mayores. Hace unas semanas recogimos una propuesta de UGT de Catalunya en esta dirección.

9- No tiene ningún sentido continuar con la actual desvinculación de la gestión de las prestaciones de paro con la de las políticas de empleo. Desvinculación que arrastramos desde los traspasos de las segundas a la Generalitat, a finales de la década de los 90. No es un buen modelo y no permite combinar bien los objetivos de garantía de rendas de las prestaciones económicas con la idea de facilitar un retorno rápido de las personas desocupadas en el trabajo. Es necesario que sea una única administración, la Generalitat, la que gobierne ambas políticas.

10- El trabajo autónomo emerge con fuerza y reclama una nueva regulación en materia de Seguridad Social. Hay que dar respuestas a las necesidades de los autónomos, garantizando una protección social adecuada y suficiente ante el riesgo de perder el trabajo, ponerse enfermo, tener un accidente de trabajo y ante el hecho de tener hijos y hacerte mayor. Al mismo tiempo hay que estimular y reconocer el esfuerzo y el riesgo en la puesta en marcha y el mantenimiento de los negocios por parte de los emprendedores con un entorno normativo que lo haga posible.

11- La reforma horaria que supone apostar por un uso más racional del tiempo, continúa siendo un gran reto de país. Su logro ha de permitir mejorar la productividad de las empresas y ganar momentos para la vida en familia, la formación personal o el compromiso comunitario, a la vez que se reduce el problema del absentismo laboral injustificado, haciendo falta también conjuntamente, un sistema de licencias parentales, que estimulen la corresponsabilidad de los hombres y faciliten un entorno laboral “child friendly”, imprescindible para recuperar unos índices de fertilidad como los que disfrutan los países más avanzados de Europa.

12- Finalmente, es obvio que necesitamos un gran acuerdo que siente las bases del Código del Trabajo del siglo XXI. Un acuerdo que supere una legislación más pensada para los tiempos de la sociedad industrial y que nos acerque a los requerimientos de la sociedad del conocimiento y la información en la que nos encontramos. Y este nuevo Código del Trabajo únicamente puede ser fruto del acuerdo entre empresarios, pequeños y grandes, y trabajadores.

Nos hace falta, en definitiva, un “new deal” para el empleo para garantizar el trabajo como vía de progreso.

(Post publicado en el blog de Carles Campuzano)