Olvidar la pobreza infantil

Una vez más los Presupuestos Generales del Estado mantienen congelada la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social en cuantía de 291 euros por hijo al año para aquellas familias con ingresos inferiores a 11.500 euros anuales. De hecho, esta cuantía y estos umbrales de acceso vienen siendo los mismos de manera interrumpida desde el año 2000, con un breve paréntesis entre 2008 y 2010, cuando se situó la cifra de la prestación en 500 € anuales. Una vergüenza. Una cifra ridícula que no ayuda a las familias más pobres con hijos y que olvida las necesidades de las familias de clase media.

No se trata de una cuestión menor y que ayuda a entender que el Estado español es uno de los estados de Europa con un índice de pobreza infantil más elevado y desde hace más años. Vale la pena recordar que los últimos datos oficiales del INE situaban, en el año 2013, la tasa de pobreza infantil en un 26,7%, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Pero es que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la economía española, las tasas de pobreza infantil eran también de recuerdo, con una tasa del 23,6% en 2007. Podemos decir que tenemos una pobreza infantil estancada alrededor del 25% de los niños; poca broma.

Para hacer frente a las necesidades de las familias con hijos, tanto las familias más pobres como las familias de clase media, la mayoría de los Estados avanzados de Europa tienen, y desde hace décadas, una prestación de la Seguridad Social por hijo de carácter universal y con unas cuantías anuales en torno a los 1.500 euros por hijo. Se trata de garantizar que las familias puedan hacer frente a los gastos que se derivan de la crianza de los hijos y que lo puedan hacer sin que la situación laboral de los padres deje a los niños en situación de mayor vulnerabilidad y con menos oportunidades de una vida más sana y feliz. Para las familias con un solo progenitor, donde a menudo se concentran las situaciones de mayor vulnerabilidad este tipo de ayudas son claves.

En el Estado español, los sucesivos gobiernos centrales, han optado por menospreciar el problema de la pobreza infantil y las políticas de apoyo a las familias; y tampoco han tenido en cuenta las consecuencias de la pobreza infantil a medio y a largo plazo para la sociedad. No es sólo que un niño pobre tiene hoy más números de tener menos oportunidades para terminar los estudios, encontrar un buen trabajo o mejorar su nivel social, sino que los costes colectivos de no tener una robusta y sólida política de lucha contra la pobreza infantil y de apoyo a las familias acaban siendo más elevados que las implicaciones presupuestarias de una prestación por hijo a cargo universal, o de una buena política de guarderías, de acceso a la educación en el tiempo libre o de permisos paternales amplios. Y es que la prosperidad a largo plazo de un país está ligada a la educación y el trabajo de su gente, y un país que se conforma con que alrededor de una cuarta parte de su gente sea pobre, o sea mal formada y con malos trabajos, está frenando su crecimiento económico y las posibilidades de competir en un mundo en el que el éxito colectivo dependerá, fundamentalmente, de los niveles formativos de su población y de los trabajos con valor añadido.

Incluso podríamos ir una poco más allá y entender que la mejor garantía que tenemos para las pensiones del futuro es marcarnos el objetivo común de erradicar la pobreza infantil. Y es que nuestras pensiones dependerán básicamente de los trabajos y la prosperidad económica de los que hoy son niños y jóvenes.

De momento, en Madrid, parece que todavía no se han enterado. Otra buena razón para que la decisión la podamos tomar desde Catalunya.