Editorial

La 'reforma Albiol' del Constitucional

La función policial que el PP quiere atribuir al TC supone hacer electoralismo con una cuestión de gran calado

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Finalmente, el Gobierno ha movido ficha en el contencioso catalán, pero no precisamente en la dirección esperada por los numerosos ciudadanos -sobre todo de Catalunya, pero también del conjunto de España- que desean una solución política basada no solo en la legalidad sino también en el diálogo. La reforma exprés de la ley del Tribunal Constitucional que anunció ayer el PP para   intentar disuadir a Artur Mas y quienes le siguen en la senda independentista desprende un aire electoral imposible de ocultar. El protagonismo que se concedió a Xavier García Albiol, que no es diputado en el Congreso, en la presentación de esta propuesta legislativa revela inequívocamente su objetivo de corto alcance: los intereses electorales del PP el 27-S y, sobre todo, en los comicios generales de dos o tres meses después.

El PP teme perder votos en favor de Ciudadanos, y por eso ha optado en Catalunya por la línea de firmeza sin ambages que representa García Albiol. Iniciativas como la de ayer pueden ayudar sin duda a ese objetivo, pero al precio de favorecer, por reacción, al independentismo. La pregunta que cabe hacerse es: ¿le conviene al PP ese fortalecimiento del soberanismo catalán porque luego le permitirá incrementar el diapasón españolista para obtener rédito en las urnas en las generales? Lamentablemente, todo indica que la respuesta es que sí. En todo caso, el partido del Gobierno no encontró ayer ningún aliado político para su proposición de ley. Por motivos distintos, el PSOE, Ciudadanos y Podemos la criticaron duramente.

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Pretender, como pretende el PP, que el Tribunal Constitucional se convierta en un mes en un organismo con capacidad coercitiva para el cumplimiento de sus propias resoluciones significa un cambio profundo de la filosofía de esta pieza clave de la arquitectura institucional de España. Se puede discutir la conveniencia o no de la medida, pero querer introducirla por la vía de urgencia es un notable desatino que no hace sino fomentar la inseguridad jurídica, precisamente el mal que el PP dice querer combatir. Por añadidura, desear que un   TC tan politizado como el actual se convierta en policía no ayuda a restablecer la confianza de los ciudadanos en un sistema basado teóricamente en la separación de poderes.

Este septiembre, como se preveía, será muy tenso. Y no ha hecho más que empezar.