La corrupción y su bandera

Los registros efectuados por orden judicial en entidades vinculadas a Convergència han vuelto a conmocionar a una sociedad cada vez más indignada con todos los problemas vinculados a la corrupción. La investigación está centrada en analizar si determinadas instituciones incrementaron dolosamente los importes de facturas a empresas constructoras, con la finalidad de que estas abonasen comisiones ilegales a dicha formación política. También se pretende averiguar si hubo cargos públicos que se enriquecieron ilegalmente con estas prácticas.

Estas actuaciones se han llevado a cabo porque un juez independiente ha considerado que existen serios indicios de actividad delictiva. Ante dicha situación la justicia no puede mirar hacia otro lado. La corrupción está erosionando peligrosamente la credibilidad de nuestras instituciones. Supone romper las reglas del juego y ofrecer posiciones de ventaja a los partidos que se aprovechan de ella. Y, especialmente, causa un enorme perjuicio a la ciudadanía, pues acaba pagando cantidades desorbitadas por obras y servicios públicos que no tienen ese coste real.

La gravedad de los hechos investigados también resulta evidente. Nos encontramos con posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales y otras infracciones contra la Administración pública, que están castigados con penas de prisión y de inhabilitación de cierta entidad. Por tanto, todas las fuerzas políticas, sin excepción, deberían respaldar cualquier investigación judicial sobre temas de supuesta corrupción, sin perjuicio de que también debe respetarse con firmeza la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas imputadas.

En el presente caso se han lanzado insinuaciones sobre hipotéticas interferencias judiciales ante las próximas elecciones. Sin embargo, la realidad es que, en toda instrucción compleja por corrupción, se suelen obtener pruebas que conducen a otras, y así sucesivamente. De hecho, esta investigación penal no ha surgido ahora, sino que comenzó cerca de dos años atrás. Por tanto, se decretan diligencias consecutivas a lo largo del año, antes y después de cualquier proceso electoral. Por razones de salvaguarda del procedimiento, la justicia no puede detenerse y generar riesgos para el aseguramiento de los elementos probatorios.

En una sociedad democrática es tan legítimo defender un estado centralizado, como un estado federal o un estado propio independiente. Cualquier bandera puede ser enarbolada para apoyar estas posiciones. Sin embargo, la bandera de la corrupción siempre será una bandera ilegítima.

Hay que desterrar las indecencias de la vida pública. No puede haber corruptos malos (los otros) y corruptos buenos (los nuestros). Mezclar una bandera legítima con la que es ignominiosa implica riesgos bastante claros. En este caso se puede producir la instrumentalización de una causa democrática, como escudo protector para desviar la atención de supuestas prácticas contrarias a los intereses sociales. Dejemos discurrir el debate democrático en sus propios cauces. Y separemos las investigaciones por presunta corrupción, para que se analicen exclusivamente en el espacio diferenciado que le asigna el Estado de Derecho.