Cambio de tercio

La Renda Mínima d'Inserció (RMI), última red de protección para los hogares en situación de pobreza en Catalunya, sufrió en el 2011 el mayor recorte de su historia de la mano del Gobierno de Artur Mas. Se redujo el presupuesto más de un 20% y se expulsó a una sexta parte de los beneficiarios. Todo ello fue posible gracias a la discrecionalidad que la ley permitía, pero también a una regulación que endureció sobremanera los requisitos de acceso y permanencia, amén de establecer que las familias sin ingresos suficientes por causa de desempleo no tenían derecho si no presentaban una "dificultad social añadida". Según varios de los entonces consellers de Mas, cosas como tener iPhone o ausentarse unos días para ver a la familia debían ser motivo de retirada de la prestación.

Tras este hachazo, más brutal aún por darse en un contexto de emergencia social creciente, el Gobierno de Mas prometió una reforma integral de la RMI que aún se espera. En el 2014, tras el pacto presupuestario con ERC, se aumentó en 23 millones la partida de la RMI para el 2015, algo que fue presentado como un éxito por Junqueras; en realidad, se volvía al nivel de gasto que ya se tenía en el 2011, sin descontar el IPC, sin eliminar la contrarreforma en cuanto a condiciones de acceso y permanencia, y con niveles de pobreza, exclusión y carencia material sensiblemente mayores. Todavía hoy la RMI tiene menos beneficiarios que cuando Mas fue elegido president.

La tramitación parlamentaria de una ILP, forzada por la oposición, ha puesto encima de la mesa el mandato estatutario de una Renta Garantizada. Tras prácticas dilatorias de CiU, el completo y a ratos provechoso debate en comisión difícilmente desembocará en una ley en esta legislatura (ni, si atendemos a la agenda de Mas, en la siguiente). Es una oportunidad perdida. Los catalanes podemos seguir atrapados entre reformas y contrarreformas de la RMI o ir hacia un modelo distinto: una Renta Garantizada (RG) como derecho de todo ciudadano cuyos ingresos (en términos equivalentes por hogar) caigan bajo el umbral de la pobreza.

Este modelo tendría varios objetivos: eliminar los controles intrusivos y humillantes (como pedir tickets de supermercado) que no se aplican a los ricos cuando reciben subvenciones; romper con la mentalidad puritana que considera que los pobres lo son porque "no quieren trabajar" mientras que, en cambio, los rentistas pueden beneficiarse sin condiciones del mínimo vital del IRPF porque son "ciudadanos productivos"; incentivar a los beneficiarios con empleo, en vez de castigar y coaccionar a los demás, mediante la compatibilización parcial entre prestación y salario, como se hace con éxito en el País Vasco.

Una RG debería extender la cobertura desde el bajísimo nivel actual hasta erradicar la pobreza severa y la infantil, y alcanzar más tarde la pobreza cero; aumentar las cuantías, congeladas desde hace años, hasta el umbral de la pobreza; eliminar discriminaciones como la "dificultad social añadida" o las de edad; en fin, distinguirnos como sociedad por garantizar una protección adecuada a quienes sufren las consecuencias de una crisis que no han generado. Eso sí que nos acercaría a Dinamarca.