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Editorial

Sospechosa pensión a dos torturadores

La resolución de la Oficina Antifrau de Catalunya que admite «razonables sospechas» en la concesión de sendas pensiones vitalicias a dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona condenados por torturas vuelve a resucitar todas las negras sombras que en su día acompañaron esta polémica decisión. Sorprendió en su momento la celeridad de todo el proceso. Coincidiendo con la sentencia que les condenaba a más de dos años de prisión por tratos vejatorios y humillantes a un joven, se les concedieron a los dos agentes las bajas médicas, que fueron recomendadas por un médico forense y tramitadas «acríticamente» por el Institut Català de la Salut, el Ayuntamiento de Barcelona y el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Aunque los dos condenados no eludieron la prisión, sí lograron ventajosos efectos al evitar la inhabilitación absoluta del cuerpo policial, lo que les permite cobrar pensiones de entre 1.600 y 1.800 euros al mes. Aquel manto de sospecha activa de nuevo la polémica, y la propia alcaldesa Ada Colau ya ha mostrado su disconformidad con aquel desenlace. Antifrau reconoce que solo hay indicios, aunque recomienda «extremar los controles» cuando se revisen las invalideces concedidas. Así tendría que ser y, caso de que se constaten irregularidades, no solo deberían exigirse responsabilidades a los beneficiarios sino a quienes participaron, por activa o pasiva, en la cadena de la trampa. Los indicios, sin embargo, aún deben convertirse en pruebas.

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