Los retos del Estado del bienestar

Un instrumento de servicio público

La colaboración público-privada da respuesta a las demandas de una sociedad compleja y cambiante

JOANA ORTEGA

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Las vertiginosas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de las dos últimas décadas han hecho de las sociedades desarrolladas entornos mucho más complejos y variables. Las necesidades de ciudadanos, agentes económicos y actores sociales no paran de evolucionar.

El Govern de la Generalitat debe seguir desarrollando su rol como garante de la equidad y la calidad del servicio público, pero es completamente primordial abordar con valentía política el debate de cuáles son los modelos organizativos y de dirección óptimos para conseguirlo. Desde el Ejecutivo hemos afrontado este desafío con el despliegue del Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat, que impulsa la colaboración público-privada (CPP) con la finalidad de optimizar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. No se cuestiona el liderazgo del Estado ni que la persona es el centro de toda la acción política, sino que se quiere intensificar la cooperación con el sector privado para resolver problemas que no podrán ser afrontados sin la aportación de la propia sociedad. A la hora de planificar, es preciso construir soluciones eficientes sobre los fundamentos de la legitimidad democrática y la confianza y gracias al partenariado. El Estado del bienestar cada vez se ensancha más y el estrés de demanda es evidente.

El Govern es firme partidario de la CPP. La Administración catalana dispone en la actualidad de hasta 474 ejemplos de CPP, lo que la sitúa a la vanguardia de su uso, con magnitudes similares a las del Reino Unido y en claro contraste, por ejemplo, con el resto de comunidades autónomas del Estado. La tipología de modalidades es muy amplia y comprende desde órganos colegiados como la Taula del Tercer Sector Social hasta  sociedades mercantiles mixtas como Fira 2000, pasando por herramientas de promoción (clúster de la industria de la automoción), infraestructuras de movilidad o concertaciones de servicios directos en ámbitos como los de la salud, la enseñanza o los servicios sociales.

Tanto en el ámbito sanitario como en el educativo o de los servicios sociales, la provisión de servicios mediante conciertos y convenios con entidades de derecho privado es estructural, está extendida por todo el territorio y es un referente para muchos países de nuestro entorno.

Precisamente dentro del campo sanitario, la idoneidad de un ejemplo consolidado de CPP en nuestro entorno ha sido recientemente avalada en resolución judicial. La entidad Barnaclínic, sociedad de titularidad mayoritaria del Hospital Clínic para la prestación de servicios sanitarios privados no incluidos en el sistema público de salud, ha visto reconocida su actividad por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona en una sentencia que reconoce que genera significativas sinergias en el grupo hospitalario y no conlleva conflictos en la afectación de bienes e instalaciones del centro que vayan «en detrimento del servicio público sanitario». La resolución, además, establece que Barnaclínic no provoca ningún tipo de efecto distorsionador o restrictivo que afecte a su competencia en el mercado de la sanidad privada.

Igualmente, los profesionales sanitarios del Clínic pidieron amparo al Col.legi de Metges de Barcelona «por el trato recibido en algunas de las sesiones del Parlament de los últimos meses sobre la gestión sanitaria y la utilización de medios públicos». Además, añadían que las opiniones de algunos diputados «son del todo inexactas y evidencian la falta de rigor o de información» e incluso son «ofensivas y no ajustadas a la realidad». Los mismos profesionales urgían a «aprobar lo antes posible los estatutos del Consorci del Hospital Clínic, que permiten apostar por un modelo público de gestión con la participación de los profesionales en su consejo de administración».

Nadie, nunca, desde el Govern de la Generalitat ha defendido ninguna gestión privada de servicios que pueda significar agravios en el tratamiento equitativo que reciben y deben seguir recibiendo los ciudadanos de Catalunya. La equidad es uno de los principales valores a preservar. Y nadie, desde el mundo profesional, aceptaría que no fuera así. Ni en Barcelona, ni en Lleida ni en ningún otro lugar del país.

La colaboración público-privada, en síntesis, representa un paso adelante para dar respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, con mayores y más complejas expectativas, que cada vez pide más medios y más tecnología, más asistencia, más investigación, más formación, etcétera, y por tanto, más gasto. Un gasto que, desengañémonos, ni en épocas de vacas gordas ningún gobierno será capaz de generar si no es dejando de lado otras prioridades. Es hora de que reconozcamos que con la CPP la Administración gana en eficiencia, innovación, flexibilidad, rigor y, sobre todo, servicio público. Todos salimos ganado con ella.