Cómo no luchar contra la pobreza

Vivimos una situación de auténtica emergencia social. Si la tasa de pobreza relativa en Catalunya (según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y medida con el umbral del 60% de la renta mediana) era en el 2009 del 15,20%, en el 2014, anclando ese mismo umbral de pobreza y actualizándolo con el IPC, asciende ya al 20,8% de la población: más de 1,5 millones de personas. La tasa de carencia material severa se duplicó del 2009 al 2013. El 15% de los trabajadores viven en hogares bajo el umbral de la pobreza (el 20% cuando una mujer es la cabeza de familia).

Todo esto es el resultado de la crisis, pero también de ciertas opciones tomadas por los responsables políticos (en este caso, de la Generalitat, que ostenta la competencia). La política de CiU desde que llegó al Govern en el 2010 ha consistido en recortar el gasto en renta mínima (RMI) y en lucha contra la pobreza. La actual RMI solo cubre a unos 25.000 hogares (que incluyen 62.643 personas), lo que no llega al 6% de la población pobre según la estimación más baja de la misma. La cuantía básica de la RMI, 423 euros, es claramente insuficiente, y lleva cuatro años congelada. El presupuesto del programa ha bajado desde 170 millones de euros a 132 desde que gobierna CiU.

Con su reforma del 2011, CiU suprimió más de 3.000 expedientes de RMI de un plumazo. En total, entre extinciones, suspensiones y denegaciones, de los 30.000 expedientes vigentes en el 2010 se pasó a 24.700 en el 2011. En el 2014 (con muchas más situaciones de pobreza y emergencia social) aún estamos en unos 25.000 (según datos de Benestar Social i Família). La expulsión súbita de un nutrido porcentaje de beneficiarios de la RMI en agosto del 2011 es algo que dudo que haya ocurrido muchas veces en la historia de estos programas en la UE. Para colmo, las formas maleducadas con las que se expresaron al respecto algunos consellers muestran una preocupante correlación positiva entre el respeto que creen que deben a un ciudadano y su renta disponible.

Tras esa extinción masiva de expedientes, se ha evitado su crecimiento activamente mediante la denegación y postergación sistemática de solicitudes. Si en el 2008 se denegaban 2.500, en el 2014 fueron casi 20.000. Al mismo tiempo, se establecen controles y condiciones humillantes para los beneficiarios (que incluyen en ocasiones el control de gastos privados, la presentación de facturas incluso de comestibles, o la prohibición de ausentarse temporalmente de sus lugares de residencia).

Esta política contraviene todas las recomendaciones de la UE, que piden una renta mínima digna a nivel europeo: dictamen del Consejo Económico y Social Europeo del 2013, resolución del Parlamento Europeo de octubre del 2010 (que insta a aprobar programas de garantía de rentas para toda la población en situación de pobreza), recomendación de la Comisión Europea del 2008.

El coste neto de erradicar la pobreza en Catalunya sería de unos 1.000 millones de euros; erradicar la pobreza infantil costaría unos 450 millones. No son cifras inalcanzables si hay voluntad política. Solo una ambiciosa política de renta garantizada puede afrontar este objetivo. Si la recuperación es algo más que un espejismo, una parte sustantiva de los nuevos ingresos públicos debería dedicarse a eso los próximos años.