La reforma de las administraciones públicas

Se necesitan politécnicos

Quienes se incorporan ahora a la gestión pública han de trabajar con tanto entusiasmo como conocimientos

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Los cambios a que se ve sometido el sistema político va a generar indudables impactos en las administraciones públicas. La cantidad de nuevos actores que, sin experiencia institucional previa, van a incorporarse a ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y otros organismos públicos o parapúblicos (empresas, agencias, consorcios …) es notable. E incluso los que ya son duchos en esas cosas deberían ir pensando en cómo cambiar sus formas de hacer y de relacionarse tanto con los funcionarios y empleados de esas instituciones, como con la ciudadanía y sus necesidades y problemas. No creo que en se escenario nos sirvan solo los políticos puros con gancho popular, ni tampoco nos bastará con gestores neutrales y libres de contaminación ideológica. Necesitamos las dos cosas, al mismo tiempo, y con el necesario punto de engarce.

En ese encaje, la labor de bisagra de una figura poco abundante pero decisiva, será importantísima. Me refiero a los politécnicos. Que no son los que han estudiado en la Politécnica (aunque puedan haberlo hecho), sino a aquellos que saben y entienden del valor de la política para conseguir acuerdos que puedan encauzarse con un apoyo social significativo, pero que al mismo tiempo velan para que las premisas técnicas, jurídicas y económicas del proyecto puedan cumplirse adecuadamente. En esa categoría encontramos tanto a funcionarios como a profesionales de la gestión pública con experiencia.

Legalidad y legitimidad

Estamos en una época exigente, complicada, en la que queremos eficacia pero también participación. Queremos legalidad, pero sin menoscabo de la legitimidad. Queremos respeto a la autonomía de cada cual, pero también exigimos justicia y equidad. Nos gustan los políticos eficaces y con capacidad resolutiva, pero que sean también próximos y sepan contar con nosotros. La gestión ha de evitar ser discrecional, pero ha de tratar de personalizar su labor, acercándose a las peculiaridades de cada cual. Por un lado queremos menos formalismos, más rapidez, menos mediaciones políticas o corporativas, de tal manera que todo se haga rápido y barato. Pero, por otro lado, queremos que no nos conviertan en simples objetos de las decisiones de los que saben. Queremos ser sujetos. Decidir por nosotros mismos. Saber de qué va la cosa. Política y gestión. Gestión y política.

Frente a la exigencia de eficacia y eficiencia, se quiso acercar la gestión pública a los métodos empresariales. Y proliferaron empresas y autoridades independientes. Se trata de organismos que dicen basar su cometido en base a elementos como competencia e independencia. No tienen por qué ser representativos, sino que su legitimidad es profesional, y les avala su presumible independencia de criterio ante partidismos o intereses. Pero sus ventajas son el origen de sus desventajas. Su nula representatividad, su opacidad y falta de transparencia les acaba haciendo más vulnerables y así no pocas veces han llegado a ser capturados por los intereses que pretendían domesticar o controlar. Pero, a pesar de todo, es indudable que la complejidad de los asuntos públicos exige cada vez más capacidad técnica y experiencia en procesos de gestión. Y para ello se requiere preparación y convicción. Los gestores públicos no pueden estar mal pagados, pero tampoco pueden convertirse en privilegiados. En vez de limitar sueldos, lo mejor sería fijar límites razonables en la distancia entre los que más cobran y los que menos ingresan por su trabajo. 

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Por otro lado, tenemos esa significativa difusión de consultas o referéndums para ciertas decisiones que, de hecho, las instituciones representativas podían tomar por sí mismas. Estas nuevas iniciativas buscan reencontrar los procesos de deliberación democrática, de discusión pública de temas públicos. La democracia no es solo votar. Deliberar, discutir, valorar las opciones, forman parte de esas nuevas experiencias, en las que bajo distintas fórmulas se busca encontrar caminos basados no solo en posibilidades técnicas sino también en viabilidades sociales. La nueva generación de ciudadanos que se estrenan en responsabilidades institucionales necesitan no solo entusiasmo, sino también capacidades técnicas y conocimiento de las constricciones procedimentales. Los funcionarios, los buenos empleados que pueblan nuestras administraciones han de ser activados.

Necesitamos politécnicos para que puedan engrasar los procesos de decisión combinando perspectivas. Solo explorando ventajas e inconvenientes de esas distintas alternativas podremos mantener una fe maltrecha en la capacidad de innovación y de adaptación del sistema democrático a nuevas situaciones y problemas. Y no hay duda de que en nuestro país la reconstrucción de la credibilidad democrática nos es más necesaria que nunca