Tiempos de cambios en las políticas públicas

Soplan aires de cambio en la política. Caras nuevas y jóvenes, que todavía nos tienen que mostrar hasta qué punto traerán consigo innovación y cambios de modelo en las políticas públicas.

¿Podríamos imaginarnos un espacio en blanco desde el que repensar serenamente las reglas que deberían ordenar el mercado del trabajo para un futuro de crecimiento sostenible, justo y de calidad? ¿Podríamos inventar, tanto del lado de las empresas como de los trabajadores, nuevas reivindicaciones, que nos sitúen en la nueva dialéctica de la lucha de clases?

¿Podríamos entender que, pese a que la normativa laboral es estatal (aunque pasada por el tamiz del Derecho de la UE), no tiene ningún sentido que siga siendo refractaria a la realidad transnacional y global de los mercados?

Empecemos hablando por el final. Pensemos en el despido. Los conocedores de la normativa comparada y de la práctica empresarial internacional saben de sobras que España es uno de los países en los que es más fácil y más rápido despedir. Hasta el punto que no es extraño conocer de despidos verbales y súbitos, con causas ficticias, realizados por SMS o en los que la empresa encierra al trabajador en una sala hasta que firma el saldo y finiquito. La consecuencia, en esos casos, será normalmente la declaración de improcedencia que, también generalmente se salda con la opción empresarial de pagar la indemnización correspondiente.

Hasta ahora el debate sobre el despido en España ha estado empañado por intereses codiciosos por parte de sectores empresariales y financieros, en directa correlación con una resistencia numantina de sindicatos y partidos de izquierdas y por una pobreza galopante y generalizada en propuestas alternativas.

¿Y si pusiéramos uno de los focos en la prevención? Quizás así, y en compensación por la flexibilidad en las causas, podríamos exigir el derecho de todos los trabajadores a recibir periódicamente, a cargo de su empresa, un balance de competencias, a través del cual poder estar permanentemente contextualizado en términos de empleabilidad y poder ir dando forma inteligente a otro derecho, actualmente deprimido, como es el de la formación a lo largo de la vida. Hasta podríamos exigir que las empresas suscribieran un verdadero plan de recolocación en los despidos que afectasen a colectivos con dificultades de reinserción laboral. O, simplemente, que la improcedencia se saldara con la readmisión obligatoria, como de hecho sucede en aquellos países más pulcros con la repercusión de las decisiones privadas sobre el tesoro público.

Y en el marco de los costes, ¿y si las TIC nos permitieran customizarlos y explorar la posibilidad de vincular el importe de las indemnizaciones, al de las prestaciones por desempleo y el de éstas al de las tasas de desempleo y sus flujos? Algo que, de paso, podría impulsar la calidad de las políticas activas.

Cambiar es pensar en hacer las cosas de forma diferente. Que sople el viento.