¿Vacunar o no vacunar? ¡Esa no es la pregunta!

El caso de difteria grave -enfermedad que en el Estado español no se diagnosticaba desde 1983- de Olot ha abierto un nuevo debate en la sanidad pública catalana. El caso no tiene nada que ver con el retraso de una de las dosis de la vacuna, circunstancia con la que ha coincidido en el tiempo, ni implica ni mucho menos una situación alarmante. Sencillamente, cuando en una población aumenta el porcentaje de personas no vacunadas, también aumenta el de infectados y la posibilidad de aparición de casos clínicos. Por eso no debe sorprender que ayer se detectaran niños portadores, y por eso es tan importante mantener los niveles de cobertura de vacunación lo más altos posible.

Curiosamente, sin embargo, es precisamente cuando gracias a las vacunas hemos conseguido disminuir el impacto de enfermedades infantiles graves que surgen grupos que defienden no utilizarlas. Totalmente humano: cuando el peligro nos parece lejano, nos sentimos más seguros y valientes. Especialmente en entornos culturales como el nuestro, propensos a la desconfianza hacia las actuaciones oficiales y donde el concepto de bien común no es precisamente un valor consolidado (no hay más que ver la tolerancia con quien se escabulle de pagar impuestos) y las teorías de la confabulación arraigan fácilmente, es clave combatir los argumentos que utilizan los detractores de la no vacunación, a menudo el hipotético peligro de su uso o su falta de efectividad. No es cierto: las vacunas infantiles del tétanos, la tos ferina y la difteria están largamente experimentadas y usadas.

El riesgo de la obligatoriedad

En las presentes circunstancias es fácil caer en la tentación de decir que la vacunación debe ser obligatoria, pero aparte de las dificultades legales y operativas de la medida, todos los expertos están de acuerdo en que hacerlo tiene un efecto adverso que aumenta el recelo y el porcentaje de no vacunados. Algunos han sugerido establecer la obligatoriedad en función de los niveles de cobertura alcanzados, pero una media nacional de cobertura puede no reflejar la existencia de bolsas de no vacunados, donde precisamente habría más riesgo de transmisión.

Hay que conseguir mantener la máxima cobertura con el máximo apoyo de las familias. Para ello es importante aumentar la sensibilización sobre la relevancia de los programas de vacunación, pedir que los padres que no acepten la vacunación de sus hijos firmen el correspondiente impreso de rechazo informado y rebatir y perseguir a los promotores e inductores de las posiciones antivacuna con todos los elementos científicos y legales al alcance.

La encuesta de EL PERIÓDICO muestra una clara mayoría de ciudadanos (más del 80%) que consideran irresponsable la actitud de no vacunar a los hijos, y ciertamente la pregunta que debemos hacernos no es si hay que vacunar o no, sino por qué hay personas que, pese a la evidencia científica acumulada sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas, creen que negar a sus hijos la oportunidad de protegerles de enfermedades potencialmente graves es, por inverosímil que resulte, una medida de protección. Todos -profesionales sanitarios, maestros y los propios padres- podemos contribuir a hacerles entender que no vacunar a un niño no solo le pone en riesgo a él sino a los de su entorno.