Pensar con la cabeza... y los pies en el suelo

La frase del titular es la que me ha venido a la mente cuando he leído el escrito de Joaquim Coll, historiador, en EL PERIÓDICO del 8 de mayo. Coincido plenamente con su valoración negativa de la ley de mejora de la calidad de la enseñanza (LOMCE) impulsada por el ministro Wert, y también con la que hace sobre la manera desconsiderada de proceder de ese ministro. No puedo entender, sin embargo, que el autor  encuentre exagerada la reacción política, mediática y civil contra el recurso interpuesto por el señor Wert para que se cumpla al pie de la letra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procedimiento de matriculación de los alumnos en la escuela regulado este año por la Generalitat.

Y es que, más allá de visualizar en una casilla la petición de una enseñanza en castellano más amplia, se reconoce en ese recurso no tanto la defensa de unos pretendidos derechos individuales como la voluntad de propiciar que nuevos padres, a menudo sin la información pedagógica suficiente, se apunten a una opción excepcional pero sin considerar las repercusiones negativas que puede tener para la educación de sus hijos.

Es de fácil comprensión que la educación y la enseñanza en Catalunya deben proporcionar a todos los alumnos los mismos instrumentos para poder desarrollar al máximo sus posibilidades y que nuestro país dispone de una ley de educación propia que rige el sistema educativo, la LEC, que es fruto de un pacto político, que, por  cierto, en Madrid no han sido capaces de concordar en ningún caso. Esta ley es la que se aplica en nuestras escuelas y hace posible que nuestros jóvenes finalicen la enseñanza obligatoria con el conocimiento de tres lenguas y que obtengan este resultado. Este sí es un derecho que tienen tanto los alumnos como los padres.

La intromisión de la justicia en la distribución horaria de los contenidos impartidos y otras minucias sobre el proceso de aprendizaje se convierte en una ofensa al Govern y a los mismos maestros y directores escolares que hacen posible obtener unos resultados en lengua castellana superiores a la media de las zonas monolingües del Estado, según datos del propio Ministerio de Educación. Ampliar la presencia del castellano en la escuela significa recortar espacio de atención y uso de la lengua catalana, que no disfruta, por cierto, de la plenitud que le correspondería en calidad de lengua propia del país.

No se trata de aplicar «una proporción razonable» de la lengua castellana para los alumnos cuyos padres lo quieran. En todo caso, se puede hablar de una proporción necesaria si los resultados del conocimiento aconsejasen incrementar la dedicación docente en la lengua del Estado. No son los tribunales los que deben marcar esta proporción, es la profesionalidad de los pedagogos y los docentes la que debe servir de guía para aplicar un incremento de dedicación en la enseñanza de esta materia en razón de los resultados evidentes. Es lo que ocurre en más de un centenar de escuelas de la Catalunya no urbana, que han incrementado la dedicación al castellano cuando algún grupo o clase no tenía el nivel de conocimiento suficiente, y esto se ha hecho al amparo de la LEC y con el visto bueno de la Administración educativa.

El sistema lingüístico catalán de las escuelas de comarcas interiores no es monolingüe, como en Valladolid. No hay escuelas monolingües ni en la Catalunya interior ni en ninguna parte. Siempre hay obligadamente enseñanza del castellano y al menos de una tercera lengua -extranjera-, con todo lo que suponen estos conceptos.

El Parlament de Catalunya definió en 1983 el modelo catalán en relación a las lenguas en la escuela: una escuela catalana en lengua y contenidos para todos los niños, y un buen aprendizaje del castellano además de una lengua extranjera como mínimo. Más allá de las posibles discusiones parlamentarias, la realidad era una: un solo modelo de escuela, del que hoy todavía disfrutamos.

En cuanto a la «atención individualizada en castellano», es una solución necesaria, porque por un alumno o dos a los que se tenga que atender en castellano no es justo ni aceptable que los otros 23 tengan que verse afectados por la voluntad de unos padres que no piensan como los suyos. Por uno, todos es una situación alejada de toda equidad.

Está claro, pues, que toda la línea de actuación del Gobierno español en lo que respecta al catalán  -y concretamente al catalán en la escuela- va dirigida a separar a los niños por razón de lengua (eso sí, progresivamente), a fin de desplazar el idioma propio en favor del castellano. Se impone considerar que si alguna lengua no dominan suficientemente algunos alumnos cuando terminan la escolaridad es el catalán.