La dictadura de las compañías

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que negocia la Unión Europea (UE) con EEUU supone un retroceso democrático, ya que impondrá a los ciudadanos una dictadura de facto de las compañías. Además, el TTIP provocará la pérdida de 700.000 empleos en la UE, una caída de las exportaciones netas en beneficio de EEUU y una contracción del PIB europeo, según estudios independientes, como el de Jeronim Capaldo de la Universidad Tufts de Massachusetts (EEUU).

El tratado pretende sustituir la justicia de los tribunales nacionales por un arbitraje privado entre empresas y estados (ISDS, en inglés). Asimismo, el tratado obligará a los gobiernos y a la UE a incluir a las empresas en la elaboración de las normas y leyes que puedan afectar a sus intereses.

Mediante la justicia privada de los carísimos tribunales de arbitraje, las compañías podrán demandar a los estados o a la UE cuando consideren que sus decisiones políticas perjudican sus expectativas de beneficios y podrán pedir indemnizaciones millonarias, colocándose por encima la ley y anulando la voluntad democrática de los países y la UE.

Esto significa, por ejemplo, que si Europa prohíbe el uso de unos componentes en los fertilizantes o la comercialización de unos productos transgénicos porque son dañinos, los fabricantes podrán pedir compensaciones por las pérdidas que les causa la nueva ley.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz previno contra esta privatización de la justicia y la democracia prevista en el TTIP y en el tratado similar que negocia EEUU en el Pacífico (TPP) en su artículo La secreta toma del control por parte de las compañías, publicado en la tribuna internacional del Project Syndicate el 13 de mayo. «El objetivo real de esas disposiciones es impedir la adopción de regulaciones sanitarias, medioambientales, de seguridad e incluso financieras para proteger a los ciudadanos», advirtió Stiglitz. Otro premio Nobel de Economía, Paul Krugman, también rechazó el sistema de arbitrajes en una tribuna en el New York Times el 22 de mayo. Krugman señaló que esas disposiciones comprometen la independencia política de los estados y pueden poner en peligro hasta las regulaciones financieras.

Precedentes peligrosos

La reciente demanda de Philip Morris y British American Tobacco contra el Gobierno británico por las nuevas regulaciones sobre las cajetillas de cigarrillos es un anticipo de lo que puede ocurrir, con la diferencia de que ahora el pleito se dirimirá en los tribunales británicos, sin el coste millonario que supondría para los ciudadanos y el Gobierno un arbitraje privado como plantea el TTIP.

Una demanda similar de Philip Morris fue rechazada por el Tribunal Supremo de Australia, pero la multinacional usa un acuerdo comercial de 1993 entre Hong-Kong y Australia para intentar lograr con un arbitraje la compensación que le ha denegado la justicia australiana. Philip Morris también ha recurrido a un acuerdo comercial entre Uruguay y Suiza para reclamar mediante otro arbitraje privado compensaciones millonarias por las leyes antitabaco del Gobierno uruguayo.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, prometió el 6 de mayo mejorar el mecanismo arbitraje para que el Parlamento Europeo no rechace el 10 de junio la inclusión de ese sistema de justicia privada en el TTIP. En base a las promesas de Malmström, que EEUU no acepta, el Ejecutivo comunitario consiguió que la comisión parlamentaria avalara el 28 de mayo incluir un sistema reformado de arbitraje en el tratado.

La Comisión Europea ya traicionó a los ciudadanos cuando negoció también en secreto con EEUU el fracasado tratado comercial ACTA sobre de derechos de la propiedad intelectual, firmado en el 2012. La Eurocámara y la mayoría de los gobiernos europeos rechazaron ratificar el tratado una vez descubrieron su contenido real, porque daba poderes desproporcionados a las grandes multinacionales y vulneraba los derechos fundamentales.