Agresión electoralista a la normalidad educativa de Catalunya

La ciudadanía de un país democrático que fundamenta su convivencia en la libertad, en el derecho y en la justicia, tiene un derecho fundamental básico inherente a su sistema jurídico-político (que es patrimonio común y se debería disfrutar en paz): el derecho a que los gobiernos y las administraciones públicas resuelvan con eficacia, eficiencia y celeridad sus problemas reales, los que se les plantean en el día a día, y no se creen problemas innecesarios allí donde no había.

Es un derecho muy fácil de entender y de recordar, de hecho, debería figurar en la puerta de todos los organismos públicos y en la propaganda de las campañas electorales, como la que ha empezado estos días.

Desgraciadamente, el ministro Cultura y Educación del Estado español se obstina en no respetar este derecho fundamental, y de forma inesperada y extemporánea, ha judicializado, en Catalunya, la convivencia pacífica, tolerante, acogedora, integradora democrática, respetuosa con los derechos lingüísticos y educativos de todos y para todos. El instrumento utilizado es un recurso judicial ordinario interpuesto contra el sistema educativo de inmersión lingüística de Catalunya (una nación con identidad, cultura, derecho y lengua propios) de eficacia probada desde hace décadas y considerado ejemplar en el ámbito internacional.

El recurso al Tribunal Superior de Catalunya de 24 de abril (¡de casi cien páginas!) no es improvisado y curiosamente se da a conocer en Catalunya, a través de la prensa, los últimos días del plazo de inscripción, normal, ordenada y pacífica, en el curso escolar 2015-2016.

La demanda del Estado contra la Generalitat ante los tribunales ordinarios ha creado inseguridad, desazón y malestar a todas las familias que viven en Catalunya, en las escuelas, los maestros, los educadores y, en definitiva, a los niños que pueden ser los principales afectados y perjudicados. Con la educación no se puede jugar, ni mucho menos hacer política de partido. Hacer las cosas mal y a destiempo no ayuda a nada, más bien pone trabas a la convivencia de una sociedad plurilingüística, multinacional, multicultural, plurireligiosa y diversa como es la nuestra.

Esta forma de proceder creo, modestamente pero con convicción, que no se ajusta a unas reglas de juego democráticas, según las cuales los políticos deberían hacer política en el seno de los parlamentos y los diferentes ámbitos de Gobierno; la educación correspondería a los educadores y, sobre todo, sería a los jueces a quienes les correspondería abrir los procesos para resolver conflictos reales. Instaurar la confusión constituye un ataque a los pilares de la convivencia pacífica y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, el ataque es al sistema educativo en catalán (que es la lengua de este país), el cual no desprecia, al contrario fomenta, el dominio del castellano y de otras lenguas que son comunes en la comunidad internacional. Los últimos 30 años confirman la calidad y el papel cohesionador de nuestro sistema educativo.

En Catalunya los juristas sabemos que se ha abusado de una forma impropia de iniciar un proceso judicial, una figura que ya recibe el nombre de "querella catalana". Consiste en interponer una "querella criminal" sin que lo sea, sabiendo de antemano que no sirve para perseguir un delito, que responde a la voluntad de asustar al contrario por el mismo carácter penal del proceso, aunque se trata de una cuestión o controversia civil, mercantil o social (pero nunca penal). El "miedo en el cuerpo" que se instala ante la posibilidad de ir a la cárcel, a pesar de no ser una posibilidad real, fuerza al pacto.

Lo que ha hecho el Ministerio Cultura y Educación, interponiendo una demanda judicial a través de la Abogacía del Estado (una institución estatal de todos, que debe defender todos los ciudadanos de España, hablen lo que hablen) tiene un marcado carácter político y responde a la figura mencionada.

La política no puede atentar contra los derechos lingüísticos mayoritarios y las libertades fundamentales culturales de todo un pueblo y, con un instrumento judicial impropio, crear confusión y miedo a las familias. Ni es justo ni es bueno en un estado democrático basado en el derecho, la dignidad y el respeto.

Creo que las instituciones, la ciudadanía y la sociedad civil debemos sentirnos parte afectada en este pleito, ya que nos carga con un problema que no era (ni lo teníamos ni lo queremos). Por eso hay que pensar si no deberíamos --como parte legitimada y afectada en nuestras libertades y derechos fundamentales--, comparecer y ser parte codemandada perjudicada, en defensa del modelo educativo y de los derechos de nuestros hijos y nietos.

Modestamente, creo que el recurso y el Ministerio están creando problemas políticos en una comunidad educativa y lingüística, donde "no están ni se les espera".