A quién votaré en las municipales

El momento actual de efervescencia democrática nos ofrece múltiples ocasiones para expresar nuestra opinión y depositar nuestro voto en las urnas, lo cual nos obliga a sopesar el valor de la democracia y la capacidad que tenemos de cambiar el rumbo de la acción política. Si bien es verdad que nuestra responsabilidad va mucho más allá del voto y que deberíamos ejercerla diariamente, también es cierto que ante cada convocatoria electoral me planteo qué debo hacer y me surgen interrogantes a los que no tengo una respuesta clara.

Los ayuntamientos son un recurso próximo a la ciudadanía que, en los últimos tiempos y ante la gravedad del contexto definido por la pobreza, el paro y las desigualdades, en su mayoría han buscado respuestas y han asumido funciones que normativamente no les corresponden, promoviendo medidas para paliar la exclusión y las injusticias. Al fin y al cabo, el ámbito local es el más cercano a la población, conoce mejor que cualquier otro sus necesidades y puede ofrecer respuestas inmediatas desde la proximidad. Con todo, creo que la política municipal se queda corta y me pregunto por qué no se han tomado decisiones más atrevidas en favor de la igualdad. En la medida en que unas u otras formaciones se planteen responder a las injustas situaciones que sufrimos, podré decidir la orientación de mi voto.

Las cuestiones que me planteo son diversas, pero giran fundamentalmente en torno a la dignidad de la persona y el reconocimiento de todo ciudadano como sujeto de derecho. Partiendo de tal premisa, ¿por qué no se han potenciado los recursos necesarios para luchar contra la pobreza y superar las ayudas puntuales y con carácter benéfico que hoy se están dando? ¿Cómo no se ha adoptado una estrategia integral de inclusión que garantice los mínimos vitales a toda persona para que pueda disponer en igualdad de condiciones de los servicios universales de educación, salud, atención social, acceso a la cultura y bienestar?

Me pregunto también por qué no se han transformado los servicios sociales municipales para adaptarse a la demanda, diferente en volumen pero también en tipología, y atender correctamente a la persona, acompañándola en su proceso hacia la autonomía y dejando atrás el carácter de oficina en que se gestionan papeles, se fiscaliza a las personas que precisan ayuda o se actúa como amortiguador ante los recortes de la Administración.

Observando las grandes ciudades me asalta la cuestión de la vivienda. ¿Cómo puede ser que ninguna administración se preparase para la grave situación que se nos venía encima, provocada por el boom económico, la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis que cambió radicalmente el panorama? Hoy el derecho a la vivienda es papel mojado y la mayoría de municipios reconocen que no disponen de suficientes pisos sociales ni instrumentos para luchar contra los desahucios. Es inaceptable que no se tomen medidas más valientes para resolver el problema; hay que incrementar el parque de pisos de alquiler social, evitar las ejecuciones por impago de hipoteca o alquiler de primera vivienda, potenciar las ayudas económicas y los servicios de mediación... En definitiva, todo lo que recoge la Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, que cuenta con el apoyo de numerosas entidades y más de 70.000 firmas para ser tramitada en el Parlament. Ante las grandes diferencias entre barrios no puedo evitar preguntarme por qué los equipos municipales no priorizan acciones para reducirlas. ¿No sentimos vergüenza al constatar que, a pesar de que todos somos iguales ante la ley, existen ciudadanos de primera y de segunda viviendo o malviviendo en nuestras ciudades?

Por último, me surge la cuestión de qué prioridad otorgan los gobiernos municipales a la creación de empleo y en qué condiciones la promueven. Cada día es más difícil encontrar trabajo con una jornada y un salario dignos, pero estoy convencida de que se puede innovar en ese terreno. Debemos hacer un esfuerzo por descubrir y crear nuevas maneras de trabajar, escenarios basados en la economía social y solidaria, vías de participación que puedan convertirse en empleo remunerado. Quizá no podamos aspirar a la plena ocupación, pero las redes vecinales y comunitarias pueden generar muchas iniciativas basadas en un nuevo modelo socioeconómico en beneficio de las personas, a pequeña escala y de forma territorializada. Solo así lograremos que todos los habitantes de una ciudad se sientan ciudadanos activos y corresponsables, miembros de la comunidad en la que viven y partícipes de una experiencia compartida. Y, por tanto, tengo claro que votaré a aquel partido que responda a estas cuestiones.