05 abr 2020

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El retorno de los simpapeles a la sanidad pública

Xavier Rius

En abril del 2012, cinco meses después de que Mariano Rajoy accediera a la presidencia del Gobierno, y en un contexto de recortes generalizados, la ministra de SanidadAna Mato, anunció que, como medida de ahorro, se iba a retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Y se afirmó que ello permitiría ahorrar en los dos años siguientes unos 500 millones de euros y acabar con el llamado turismo sanitario. En aquel momento cualquier extranjero empadronado, con o sin papeles, obtenía pleno acceso a la sanidad pública y algunos dirigentes del PP, no solo García-Albiol, habían criticado el supuesto "buenismo" del Gobierno socialista de Zapatero ante la inmigración.

Pese a las diversas matizaciones que añadió la ministra los meses siguientes, como que, evidentemente, cualquier persona sin papeles, continuaría siendo atendida en urgencias, que se mantendría algún tipo de cobertura sanitaria a los menores y a mujeres embarazadas, o que también se atendería de manera continuada a aquellos que tuvieran alguna enfermedad infecciosa, dicha medida fue rechaza por la práctica totalidad de la profesión médica, al considerar que, más allá de consideraciones morales, retirar el acceso a la atención primaria, a la medicación, y al seguimiento posoperatorio lo único que generaría sería colapsar las urgencias, al margen de que muchas patologías no podrían curarse, generando a la larga un coste mayor. Además, estadísticamente parecía claro que el ahorro no sería el que se anunciaba, dado que la media de edad de los inmigrantes era menor que la de la población española, por lo que su gasto sanitario era menor.

Había un cierto consenso en que se debían tomar medidas para acabar con el llamado turismo sanitario, es decir el empadronamiento en España de ciudadanos comunitarios o extracomunitarios --como los rusos-- que podían acceder aquí a la gratuidad de prestaciones que en su país podían ser de copago. Pero se rechazaba la exclusión del sistema a los inmigrantes irregulares.

DISPARIDAD EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La medida entró en vigor en septiembre del 2012, retirándose 873.000 tarjetas sanitarias, si bien EuskadiCatalunya Andalucía anunciaron que, con una cobertura menor, mantendrían la tarjeta sanitaria a todos los extranjeros empadronados sin permiso de residencia. En algunas comunidades se exigió que el extranjero llevara ya un tiempo empadronado, para evitar precisamente el llamado turismo sanitario. Finalmente solo BalearesCanariasCantabriaCastilla-La ManchaExtremaduraLa RiojaMadridMurcia y Aragón aplicaron el decreto a rajatabla.

Tras posteriores decisiones contradictorias, como anunciar que también se atendería  a los enfermos graves y crónicos, negándoles eso sí, el acceso gratuito a la medicación, o anunciar que a los originarios de determinados países con convenios de seguridad social con España se les atendería plenamente pero se remitiría las facturas a su país, en septiembre del 2013 se puso en marcha la posibilidad de acceso a la sanidad pública a extranjeros sin permiso de residencia, pagando 60 euros al mes las personas de 18 a 64 años, y 157 los mayores. Opción asequible tal vez para ciertos jubilados del Este de Europa que pasan parte del año en España, pero no para los inmigrantes irregulares, muchos de los cuales lo son por no haber podido renovar su permisos de residencia al llevar tiempo en el paro. También se exigió que pagaran dicha póliza los familiares reagrupados legalmente por extranjeros con papeles.

VUELTA ATRÁS

Hoy, en un momento que la inmigración apenas es noticia, y como se vio en las elecciones europeas de mayo, el discurso político xenófobo afortunadamente no ha arraigado en España, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso ha sorprendido positivamente anunciando el retorno a los inmigrantes sin papeles al Sistema Nacional de Salud. Posteriormente Mariano Rajoy, lo ha confirmado diciendo que "parece más sensato y más razonable que la atención primaria se haga en los ambulatorios para que, entre otras cosas, no se colapsen las urgencias". Es decir, ha dado la razón a quienes negaban la eficacia de esta medida, tanto desde el punto de vista médico como económico.

Está por ver todavía con qué restricciones reingresarán al sistema público los inmigrantes irregulares, dado que no será con los mismos derechos que tenían hasta agosto del 2012, y qué medidas continuarán tomándose para evitar que ciudadanos de otros países vengan a aquí a operarse o tratarse de determinadas patologías. Pero este cierto "turismo sanitario" no justificaba la exclusión a la sanidad de una población vulnerable como son los inmigrantes sin papeles, ni la medida que se tomó en el 2012 significó ahorro a la sanidad española.

El blog de Xavier Rius.