TRIBUNA
Por una ley electoral de verdad
ICV-EUiA no será un obstáculo para el acuerdo, aunque la solución sea mantener el sistema actual
JAUME BOSCH. DIPUTADO DE ICV-EUiA EN EL PARLAMENT
La ponencia parlamentaria encargada de elaborar una ley electoral trabaja por un acuerdo que sume los 90 votos que el Estatut exige. Es una historia triste: 35 años después de que el Estatut fijase un sistema electoral que debía ser transitorio no tenemos ley. El intento más serio fue en el 2007, cuando un grupo de expertos elaboró un informe que proponía 50 recomendaciones, pero la ponencia acabó sin acuerdo. Y ahora se vuelve a intentar, de momento, sin éxito. No olvidemos que el modelo actual penaliza el voto de la circunscripción de Barcelona y otorga siempre unos cuantos diputados de más a CiU, razón por la cual esta fuerza nunca ha querido cambiar nada.
El escollo principal es el sistema electoral. El Estatut del 2006 fija los criterios de proporcionalidad y adecuada representación de los territorios. Ahí reside el problema. El PSC ha propuesto un modelo basado en recuento único y pequeños distritos, pero con una distribución que provoca que las provincias de Tarragona, Lleida y Girona pierdan escaños, generando una lógica sensación de agravio. CiU también propone distritos pequeños, pero con una distribución tan sospechosa como convertir en distrito al Baix Llobregat (770.000 habitantes) y a la Alta Ribagorça (4.300 habitantes), que escogerían un diputado cada uno. Un escándalo.
ICV-EUiA ha presentado un modelo, basado en el holandés, que hace compatibles los principios de una persona-un voto y de representación territorial: listas por veguerías y recuento único nacional, con posterior reparto de los diputados de cada partido según los votos que este ha obtenido cada veguería. Los votos de Barcelona valen igual que los del resto del territorio para configurar el Parlament, y ningún territorio pierde diputados en relación a la actualidad. Y la creación de la veguería del Penedès no disminuiría la proporcionalidad. La solución, pues, existe, y así lo han reconocido la mayoría de grupos parlamentarios, pero CiU y ERC no la aceptan.
Pese a estar convencidos de la bondad del sistema holandés, no seremos un obstáculo para que se apruebe una ley electoral nueva, aunque la solución, en el último momento, sea mantener el sistema electoral actual. Siempre que se desbloqueen las listas para que la ciudadanía pueda expresar sus preferencias por candidatos no situados en puestos de salida. Hay quien dice que esto es poco, pero no se ha aplicado nunca a ninguna de las elecciones en España. Y regulando las listas-cremallera para asegurar la paridad de género, y que todos los candidatos estén censados en el territorio donde se presenten.
Este gesto tendría sentido si se entiende que la ley es mucho más que un sistema. Y que, a diferencia de la conservadora regulación en el resto de autonomías, hay que sacudir a fondo el proceso electoral: primarias para designar candidatos, envío único de papeletas, urnas móviles en hospitales y residencias, voto accesible para ciegos, superación de los bloques electorales en los medios públicos, retirada de la propaganda a cargo de los partidos, endurecimiento de las incompatibilidades, control exhaustivo de los ingresos y gastos de las candidaturas, creación de una Sindicatura electoral catalana, etc. Aún estamos a tiempo.
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