08 abr 2020

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Análisis

Intereses privados, utilidad pública

Joan-Ramon Borrell

Los poderes públicos deben mantenerse neutrales en la batalla del pago electrónico y evitar discriminaciones y abusos de poder

La batalla ha comenzado, y el ganador se lo puede quedar todo y arrebatárselo a los que se queden atrasados. La industria de los medios electrónicos de pago está en plena transformación y nadie quiere ser la próxima víctima del cambio tecnológico. Los intereses privados en juego son multimillonarios. Asimismo, la reducción en los pagos en efectivo tienen una utilidad que va más allá de la que disfrutarán los usuarios privados de los medios de pago electrónico. Permiten una reducción significativa del fraude fiscal al hacer más fácil comprobar los valores reales de los intercambios comerciales. También reducen los costes del movimiento logístico de moneda y billetes en efectivo, y las pérdidas por robos.

Es por ello que la industria de los medios electrónicos de pago debe ser considerada una industria de utilidad pública y debe estar sometida a obligaciones de servicio público universal, como acaban de ser declaradas de utilidad pública las redes de telefonía móvil 4G, de cuarta generación, por la FCC, el regulador federal de las telecomunicaciones de EEUU para asegurar la neutralidad de las redes.

En este momento de cambio en los medios electrónicos de pago, el mayor peligro es que la banca y los actuales operadores dominantes de pagos electrónicos utilicen su influencia y acceso al poder político para cerrar a su favor la industria, o que los operadores dominantes de redes y servicios de telefonía móvil quieran entrar y blindar este mercado a su favor.

Evitar los abusos

Los abusos pueden venir tanto de los operadores actualmente dominantes que tendrán la tentación de controlar el mercado y excluir a los rivales actuales y potenciales, como de concesiones administrativas y regulaciones públicas que cierren el mercado y favorezcan a unos medios de pago o tecnologías frente a otras. Las administraciones públicas y los poderes políticos tienen una malsana inclinación natural a conceder monopolios y privilegios.

Los poderes públicos deben mantenerse neutrales en la batalla y hacer de árbitros igualando las oportunidades de todos los operadores, manteniendo las redes y los servicios, tanto de pago como de comunicaciones electrónicas, abiertas, interconectadas y con contratos transparentes de forma que no sea posible la discriminación ni los abusos de poder.

Es solamente así como todos podemos ganar con el cambio, tanto los comerciantes como el público en general, y no con el cierre de la industria a favor de unos pocos que ya están establecidos. Dejemos que las ambiciones y los intereses de naturaleza privada se enfrenten en un partido competido y limpio, y que esa competencia haga que sean los servicios considerados por el público más ventajosos en cuanto a su calidad, cobertura y precio, los que ganen finalmente la batalla de la ampliación del pago por este tipo de medios electrónicos que es la que requiere una economía más sana, dinámica y justa.