El derecho a volver a empezar

El anuncio del presidente Rajoy de sacar adelante una ley de segunda oportunidad es sin duda una buena noticia y no poco esperada. Desde la Advocacia Catalana llevamos más de cinco años reclamando esta ley. Parece que al fin han recogido nuestra petición, pero tendremos que estar atentos a cómo se desarrolla para que no solo dé salida a los que ya han perdido todo su patrimonio, sino también a quienes lo perderán si no se regula de forma adecuada el sobreendeudamiento familiar. Me explico.

En España, cuando una empresa tiene problemas financieros y se arruina, tiene derecho a presentar un concurso de acreedores. Si la empresa es viable y puede prosperar, seguirá funcionando y se le permitirá pagar la deuda en varios años; si la empresa no puede prosperar, cerrará y se podrá constituir una nueva empresa, empezando de cero. En este mismo país, con la legislación actual, cuando una persona tiene problemas financieros y se arruina, también puede presentar concurso de acreedores, pero no puede morir y volver a nacer: una persona tiene que esperar un largo y pesado proceso judicial y, con mucha suerte y si los bancos y demás acreedores son amables, lo máximo que podrá alcanzar serán facilidades de pago. Pero no puede volver a empezar de cero, como si fuera una empresa, porque las deudas le han quedado pendientes le perseguirán hasta que las liquide (o le liquiden a él). Y si no puede hacer frente a la deuda ni en 5, 10, 15, ni en 100 años, esa persona quedará sentenciada de por vida a una cadena perpetua económica con la sociedad, cuando el único delito que ha hecho ha sido endeudarse en época de crisis. Finalmente, si la persona en cuestión logra salir adelante y encuentra trabajo, el sueldo le será embargado de por vida, a menos que opte por la economía sumergida, a la que se verá abocado por el propio sistema.

Para que las personas y familias que han sido víctimas de la crisis puedan salir de este círculo vicioso, hace años que desde la Advocacia Catalana pedimos una ley de segunda oportunidad. No es un invento: en Europa existe ya en los países de nuestro entorno, y también en EEUU, y ha demostrado su eficacia. Hasta ahora, en España solo se ha actuado sobre la economía financiera, dejando de lado la economía familiar. Se ha actuado pensando que las entidades bancarias no podían caer, pero no se ha actuado ayudando a las personas, que sí han caído. Personas y familias enteras.

Los datos judiciales de la crisis son tan claros como duros: desde el 2009 al 2013 se han presentado en los juzgados de toda España un total de 439.005 demandas hipotecarias. Faltan los datos del 2014, que hará que superen, de largo, más de medio millón de demandas hipotecarias. De estos procedimientos judiciales, encontramos algunos que afectan a empresas, que han perdido locales de negocios, naves industriales o alguna promoción a medias; pero también encontramos muchas demandas que afectan a familias enteras que han perdido su vivienda. Del grupo de las empresas hay que recordar que si la empresa es pequeña las familias también suelen avalar las operaciones bancarias, por tanto, la demanda hipotecaria se hace sobre la empresa y la familia; precisamente en estos últimos casos las empresas pierden el inmueble y las familias se quedan con la deuda que el inmueble subastado no ha cubierto.

También tenemos datos del fracaso del sistema judicial a la hora de ayudar a las familias: desde el 2009 al 2013 solo se han presentado 4.714 demandas en toda España, donde las personas o familias enteras pedían un concurso, es decir, solicitaban permiso para poder renegociar la deuda, para salvar su patrimonio o su casa. Y desde noviembre del 2012 estas personas que piden ayuda y han presentado demanda en un juzgado mercantil, si no tenían justicia gratuita, han tenido que pagar tasas judiciales, que no son baratas.

No podemos permitir que las personas entren en una rueda de deudas, intereses y capitales inasumibles, trabajo que no hallan y necesidades básicas para vivir que no tienen garantizadas. Quien ha perdido el trabajo, la vivienda y sigue endeudado, entra en un túnel de difícil salida. Pasa a vivir al margen de la sociedad. Los que ahora solo aspiran a ser clientes de los castigados servicios sociales de los ayuntamientos tienen derecho a dejar de recibir ayudas y poder valerse por sí mismos. Es una cuestión de dignidad. Hay que buscar cómo hacemos sentarse a una mesa a la persona que está endeudada con la entidad financiera que le reclama la deuda. Que la familia, con su abogado, pueda tratar de tú a tú con la entidad financiera. De eso se trata. Hemos de dar a las personas el derecho a volver a empezar.