¿Qué ha cambiado, 'conseller'?

Hoy nos levantamos con la noticia de que la Generalitat podría haber encontrado una solución para finalizar la L-9 del metro basada en una concesión privada para su construcción y operación por valor de 1.150 millones de euros. El modelo que se estaría considerando sigue la lógica de las privatizaciones solo para objetivos financieros que aquí ya han dado resultados dudosos como los de Tabasa y ATLL. Los modelos de recurso de urgencia al sector privado para seguir construyendo en infraestructuras incentivan obras faraónicas y también nos recuerdan a uno de los instrumentos que han permitido la locura de la política de infraestructuras española.

En este sentido, el modelo es de difícil viabilidad sin la cobertura de riesgos de demanda y sin aportaciones públicas. Por eso este modelo tiene puntos en común con los modelos de financiación que difieren en el tiempo los pagos públicos, tan usados por el tripartito en su última etapa. Es difícil creer que será así, porque estos modelos son enormemente costosos para los contribuyentes y/o usuarios, ya que suponen un préstamo a largo plazo -entre 30 y 40 años- a intereses elevados, y pueden volverse explosivos. Es difícil pensar que será así porque este Govern, el grupo parlamentario que lo apoya y los dos últimos 'consellers' han denunciado reiteradas veces que estos instrumentos han sido una elección irresponsable. Lo hizo la Conselleria con Lluís Recoder al frente con una nota de prensa antológica (3 de junio del 2011) en la que se denunciaba que el 40% de su presupuesto se encontraba hipotecado por los pagos diferidos de las obras realizadas por el tripartito y ofrecía datos, proyecto a proyecto, de sus sobrecostes. Lo hizo Santi Vila el pasado noviembre del 2014 cuando criticó la mochila que le había dejado el tripartito habiendo fiado el pago de las inversiones a las generaciones futuras. ¿Qué ha cambiado, 'conseller'?

Explicaciones

Estos métodos sólo pueden justificarse por una extrema urgencia que no pueda ser solucionada por vías presupuestarias. ¿Tan urgente es lo que falta de la L-9? ¿Es la prioridad hoy del conjunto del país? Si hay urgencia seguro que la 'conselleria' podrá mostrar la evaluación económica y social y presentar la tasa interna de retorno de la inversión necesaria para terminar los tramos que faltan. Porque no sería coherente que en Madrid se pida que se evaluen las inversiones en infraestructuras y aquí no se hiciera. Deberá explicar cuál es la distribución de riesgo entre sector público y privado, porque no sería coherente criticar las concesiones privadas con red de seguridad del Estado (Castor, las autopistas radiales de Madrid) y hacer aquí algo semejante. Y no me imagino que en tiempos de crisis la Generalitat de todos los catalanes hipoteque recursos futuros para invertir hoy en el sistema de transporte metropolitano de la capital -al más puro estilo Madrid-cuando tiene el país en plena consolidación de recortes sociales. Puede que las inversiones no computen en el déficit, pero eso no las justifica ni permite hacer lo que a los demás tanto les hemos criticado.