29 mar 2020

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La reforma del Código Penal

Populismo punitivo

Joan Ridao

Penas más duras y duraderas igual alivian el dolor de las víctimas que recogen un buen puñado de votos

España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y uno de los índices de población reclusa más elevados de Europa. De modo que, contrariamente a lo que está instalado en el imaginario colectivo, los delincuentes no suelen salir indemnes por la misma puerta que han entrado. Por el contrario, si hablamos de homicidios dolosos y asesinatos consumados podemos decir que vivimos en el entorno más seguro de toda Europa. Y que la ratio de crímenes por mil habitantes se ha ido reduciendo desde los 51,9 del 2008 hasta los 46,1 del 2013, cifra que nos sitúa solo por encima de Italia (43,4), Portugal (39,7 ) o Grecia (29,5). Porque, paradójicamente, hay que saber que la lista la encabeza el norte 'culte, pulcre, desvetllat i feliç' del que hablaba el poeta Espriu: Suecia (146,7), Bélgica (96,9) y Dinamarca (85,1).

Y aún así, el Gobierno del Partido Popular ha impulsado en solitario una reforma del Código Penal que endurece la libertad condicional y que también implica, en la práctica, reintroducir la cadena perpetua abolida en ¡1928!, durante la dictadura de Primo de Rivera. Con el pretexto de que toda la insidia penal irá destinada a los autores de delitos que causan especial repulsa social (asesinos en serie, de menores o discapacitados; agresores sexuales; terroristas e incluso regicidas), los futuros condenados a prisión vitalicia serán reevaluados al cabo de 25 o 35 años para ver si están rehabilitados y, si se considera que lo están, podrán salir de la cárcel para pasar entre 5 y 10 años en libertad condicional.

Sin duda, la muerte violenta de Mari Luz Cortés y de Marta del Castillo, junto con todo el revuelo mediático que acompañó estos casos truculentos, además del estado de opinión generado recientemente por la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) sobre la llamada doctrina Parot , la liberación de presos de ETA en Francia después del cumplimiento de parte de la condena o el rebrote del yihadismo han animado este debate en algunos círculos mediáticos y cercanos a las ideologías más reaccionarias, hasta obtener el visto bueno, legítimo, de parte de las víctimas y de la opinión pública.

Aumentar la presión en las cárceles

Pero, junto a esto, prácticamente inevitable, la responsabilidad de los rectores públicos no puede ser la de aprovecharse para hacer una nueva exhibición de populismo punitivo sino una muy distinta: ante todo, la de no menospreciar que las nuevas medidas, a la larga, no harán más que aumentar la presión en las cárceles y no solo por la introducción virtual de la cadena perpetua, sino sobre todo por la conversión de la mayoría de faltas en delitos y el endurecimiento de la libertad condicional que conlleva la reforma, a pesar de tener el segundo tiempo medio de estancia en prisión más alto de Europa, después de Portugal.

Además, no es de recibo que nos embauquen con la afirmación de que la prisión permanente revisable está presente en algunos países de nuestro entorno. Porque, claro, lo que no se dice al mismo tiempo es que los vigentes 40 años de prisión ya constituyen una condena más dura que la prisión permanente revisable vigente en Austria o Luxemburgo, donde el preso puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena, o en Bélgica, donde puede hacerlo entre los 15 y 23 años, o en Alemania, donde las penas se pueden reconsiderar a los 15 años. Todos los expertos coinciden en que la vida prolongada en prisión no hace más que incrementar el aislamiento y la desconfianza ante la sociedad: construye una cárcel dentro de la cárcel.

Conocer el horizonte vital

Sin entrar en la cuestión de los derechos humanos, cualquier persona necesita saber cuál es su horizonte vital y si puede alterar hacia mejor su situación para salir antes en libertad condicional. Es por eso precisamente que la Constitución dictamina que las penas privativas de libertad se orienten hacia la reeducación y la reinserción social.

Se abusa tristemente de la pena de prisión. Pero no solo eso. Todos los intentos de invertir más dinero en prevención y poner en marcha medidas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad, las multas proporcionales a los ingresos o los arrestos de fin de semana, ya presentes en el actual Código Penal, se han estrellado desgraciadamente contra el muro de la incomprensión o, mejor, del realismo de jueces y fiscales, que constatan la falta de recursos desplegados por algunos responsables políticos que deben pensar que por qué queremos más psicólogos, médicos o personal especializado, si con penas más duras y duraderas se amortigua el dolor de las víctimas y de paso se recoge también un buen puñado más de votos.

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