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Los jueves, economía

El HSBC y Montoro

Josep Oliver Alonso

El ministro de Hacienda actúa contra el banco del gran fraude fiscal, lo que sus antecesores ni intentaron

El escándalo de la lista Falciani ha llegado finalmente al ámbito político. En Francia, Bélgica, Gran Bretaña y España se anuncian medidas de los respectivos gobiernos contra el HSBC, el banco responsable de montar una estructura diseñada para burlar al fisco. Y así hemos podido ver a Cristóbal Montoro anunciar que el Tesoro público estaba estudiando todas las acciones legales posibles contra esa institución bancaria por el manifiesto perjuicio que ha generado.

Del escándalo que hoy emerge merecen destacarse algunos aspectos. El primero, la ausencia de respuesta de los anteriores responsables de Hacienda, del PSOE, y de los nuevos, del PP, hasta que finalmente se han comenzado a publicar los nombres de los huidizos contribuyentes. Ha llovido mucho desde que, en el 2010, llegó la famosa lista a manos de Hacienda. Es decir, en plena crisis, con muy severas exigencias de recortes en servicios públicos esenciales, destrucción masiva de empleo y miseria creciente. Como he comentado a menudo, lo sangrante de esta larga recesión no ha sido el ajuste, inevitable tras los excesos del país en la expansión. Lo verdaderamente sangrante ha sido el reparto de sus cargas, básicamente sobre los hombros de los más débiles.

En segundo lugar, a uno le han explicado que el delito fiscal solo aparece si Hacienda es quien toma la iniciativa. Si, por el contrario, es el contribuyente moroso el que se adelanta a la inspección, el delito fiscal decae, aunque no lo haga la multa o la sanción pertinente. Desde este punto de vista, es también un tanto escandaloso que no se haya filtrado ninguna sentencia de delito fiscal relativa a este amplio conjunto de ciudadanos -parece ser que más de 700- tan poco diligentes. No soy partidario de los castigos ejemplares. Simplemente, de que se cumpla la ley.

Finalmente, el país ha cambiado. O así lo parece. No hace tanto, cuando explicaba a mis alumnos los problemas de baja recaudación fiscal (nuestros ingresos públicos, en relación al PIB, se sitúan a la cola de los 27 países de la UE) y les hablaba del fraude como una de las razones, solía aparecer una amplia sonrisa en la mayoría de sus rostros. Sabía que sería así. Como también sabía que esa sonrisa se iba a helar una vez les hubiera informado de que la enorme deuda pública acumulada, que pagarán toda su vida, era resultado del fraude en una parte no menor. Pero la primera reacción era la de consentimiento, la de comprensión. La típica de un país como España, mediterráneo, latino y católico -y Catalunya en eso no es distinta-, que tradicionalmente había sido muy permisivo con comportamientos inmorales en la esfera pública. Llámese fraude fiscal o corrupción.

La emergencia de Podemos y el auge de otras plataformas parecidas refleja el cambio de sentimientos de amplias capas del país, hartas de cargar con los ajustes. Y que exigen que estos se distribuyan de acuerdo con la capacidad de pago, uno de los principios básicos de cualquier sistema tributario justo. Y ahí es donde a Montoro parece salirle la vena socialdemócrata. Y se lanza a un proceso judicial, o así lo ha anunciado, que sus predecesores ni intentaron. No echen en saco roto lo de su sesgo a la izquierda. Recuerdo cuando, recién llegado al Gobierno el PP, en diciembre del 2011, nos sorprendió con un alza del IRPF que dejó a muchos fuera de juego. La subida de los tipos más altos del impuesto ¿no debería haber sido una política de Zapatero? Me pareció entonces que, salvando todas las distancias, Montoro representaba esa alma de centroizquierda y reformista de cierta derecha española, a lo Fernández Ordóñez, el primer ministro de Hacienda de la Transición. Y las críticas que le llovieron desde distintos medios de la derecha así lo atestiguan. Aunque bien pudiera ser su fino olfato político, dada la secuencia electoral de este 2015.

En todo caso, jamás insistiremos lo suficiente en los nefandos resultados de la evasión fiscal. No solo en sus efectos sobre el nivel de ingresos públicos y, por ello, en nuestra capacidad de disponer de unos servicios públicos de calidad. Sino también, y muy particularmente, en su carácter de cáncer moral, de deterioro de los valores que deben sustentar una sociedad europea avanzada. Quizá aquí nunca hayan sido dominantes. Es cierto que, por razones históricas, es amplia la percepción de que el Gobierno, sus gestores sean quienes sean, va a lo suyo. Y aunque ello hubiera sido cierto en el pasado, la connivencia con el fraude, la escasa persecución de esas conductas inmorales, se ha enquistado en nuestra sociedad. Si algo nuevo debería emerger de la crisis es una nueva moralidad pública. Bienvenida sea por ello la actuación de Montoro. Esperemos que no quede en palabras.

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