TRIBUNA

Catalunya necesita su acuerdo de Edimburgo

IAN DUNCAN

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En Edimburgo se han firmado diversos tratados importantes, como corresponde a la capital de un reino. El primero que se conoce data de 1328 y sellaba la paz entre Inglaterra y Escocia. Se le conoce como el Tratado de Edimburgo-Northampton y lo firmó Roberto I de Escocia. No todos esos acuerdos han sido exitosos. Quizás el más frustrante es el que firmaron los líderes de la UE en 1992. Todo el circo ambulante del Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo, que nos cuesta unos 130 millones de euros anuales, está consagrado en el Tratado de Edimburgo.

Esto me lleva al que quizás sea el más importante de todos: el 15 de octubre del 2012, el primer ministro británico y el escocés firmaron el Acuerdo de Edimburgo, que daba vía libre al referéndum de independencia de Escocia. Las negociaciones no fueron ni sencillas ni rápidas. El primer ministro escocés tenía una posición negociadora de partida muy clara: "Debemos a los ciudadanos escoceses [un referéndum] que sea justo, legal y decisivo...". Al culminar las negociaciones, ambos gobiernos habían decidido acatar y considerar vinculante el resultado del referéndum, por lo que el Parlamento de Westminster aprobó la legislación correspondiente.

El acuerdo incluía los temas clave: las papeletas tendrían una única pregunta que se podría responder con un simple 'sí/no'; el censo se ampliaría para incluir a las personas de 16 y 17 años por primera vez; la campaña del referéndum tendría límites de gasto, y, seguramente el más importante de todos, ambas partes acordaron «respetar el resultado». Es fácil dar el Acuerdo de Edimburgo por hecho, afirmar que el Gobierno británico tenía que pactar con el de Escocia tras el resultado extraordinario de las elecciones escocesas y decir que un referéndum vinculante era inevitable. Pero es evidente que no era inevitable. Basta con mirar a Catalunya y España para ver lo mal que puede gestionar un gobierno una situación de este tipo.

Al presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, se le ha acusado formalmente de delitos que van desde la desobediencia y la prevaricación hasta la malversación de fondos públicos por haber organizado recientemente un «proceso participativo popular». Si se le declara culpable, en teoría le pueden caer 10 años de prisión. Conviene recordar que el Gobierno catalán impulsó un proceso participativo porque el Tribunal Constitucional español le había prohibido específicamente convocar un referéndum. El Tribunal Constitucional español también prohibió que los funcionarios catalanes se implicaran en la consulta, la utilización de edificios públicos como colegios electorales, el uso del censo e incluso el uso de las urnas existentes. Cuestan de imaginar obstáculos mayores para la realización de cualquier consulta.

LAS PREDICCIONES

No está claro cómo se resolverá la cuestión catalana. Algunos predicen que el actual Gobierno español caerá en la próxima cita electoral y el nudo se deshará. Quizás. Otros dicen que hacer elecciones plebiscitarias en Catalunya y una declaración unilateral de independencia es la solución. Quizás. Mi sensación es que la cuestión solo se resolverá cuando los políticos de Barcelona y Madrid se sienten en la misma mesa y sean capaces de construir su propio Acuerdo de Edimburgo.