Pulpo por animal de compañía

Se ha publicado, a finales de diciembre, la normativa que concreta la aplicación en España de la reforma de la política agraria común (PAC). Este artículo no pretende detallar tal reforma sino exponer un nuevo y sorprendente ejemplo de una manera de hacer política, ante los retos estratégicos actuales, a la que nos tiene acostumbrados el actual Gobierno, actitud que condiciona reiteradamente nuestras posibilidades de consolidarnos como un país avanzado. La formula es ya conocida, por una parte, se trata de evitar el cambio en la senda de progreso, conviene no molestar a nadie, con la esperanza de que los efectos negativos de las decisiones inmovilistas lleguen más allá de las próximas elecciones y, por otra parte, aprovechar todos los flecos de las nuevas normativas comunitarias para generar sesgos regionales con criterio electoralista y, por supuesto, el partido gobernante conoce bien de dónde obtiene los votos y de dónde no los obtiene.

La PAC necesitaba una reforma para adaptarse a unos tiempos diferentes, en un mundo más globalizado, abierto y tecnificado, con nuevas exigencias en el ámbito medioambiental, de seguridad y de calidad alimentaria. A su vez debía dar respuesta a una Unión Europea ampliada con agudas desigualdades regionales que era preciso moderar. Las sucesivas reformas que se habían ido produciendo desde el inicio de la PAC habían quedado siempre condicionadas por el pasado. Se cobraban unas ayudas o no porque antes se habían cobrado o no. Lógicamente la historia es un mal argumento, insostenible frente a la sociedad e injusto cuando con él se eternizan viejas discriminaciones.

Romper con la esclavitud del pasado

La reforma actual pretendía romper con la esclavitud del pasado, equilibrar y homogeneizar las condiciones de los 28 diferentes países y simplificar la dinámica de la PAC. La posición conservadora ante una redistribución de recursos es lógica y generalizada en todos los países. Desde la propia Comisión Europea se establecieron mecanismos de aproximación que moderaran los impactos. Además durante el proceso de negociación se limitaron estos impactos, pero todo dentro de una nueva filosofía de la PAC. Excepto España, que forzó hasta el extremo la posición más nacionalista basada en la reclamación de dotaciones presupuestarias y criterios propios y divergentes de aplicación de la PAC. Después de una larga posición de bloqueo la Unión Europea cedió a la posición española, aceptando una excepción que se opone diametralmente a la filosofía de la reforma.

La nueva PAC se orienta en tres direcciones: ofrecer una producción alimentaria viable, avanzar en la gestión sostenible de los recursos naturales y promover un desarrollo territorial equilibrado. Para ello los recursos se distribuyen con diversos criterios funcionales en los que la partida más importante es el pago básico de las ayudas directas. Estas tienen por objeto permitir al agricultor obtener unas rentas adecuadas ante unos mercados cada vez más abiertos, en compensación por las exigencias de calidad sanitaria y medioambiental y por los bienes públicos no retribuidos.

Valores distintos de la subvención

La idea del pago básico (denominada en argot comunitario tarifa plana) es, por tanto, una ayuda a la renta con vocación uniforme. Sin embargo se admite, con lógica, que criterios objetivos relacionados con los diferentes potenciales estructurales del territorio puedan determinar valores distintos de la subvención. En los debates en Catalunya se sugería la posibilidad de establecer cinco o siete regiones distintas para todo el Estado. Pero desde el Ministerio de Agricultura, el único criterio ha sido identificar las regiones en función de los pagos recibidos anteriormente. Para ello se ha realizado un largo viaje de tergiversación del significado de las palabras para poder denominar criterio agronómico a un pago histórico, todo ello confundido entre 316 comarcas agrarias y cuatro tipologías. Como resultado dos fincas colindantes e iguales, con las mismas producciones, puedan tener ayudas totalmente distintas, algo imposible de justificar.

Esta concreción imaginativa de las ayudas directas de la PAC en España supone para el Gobierno evitar la gestión del cambio en un momento electoral. Sin embargo para el país implica alejarse de los estándares europeos, con posibles distorsiones en determinados sectores e incapacita a España para la negociación en base a las nuevas políticas agrarias europeas. Por otra parte no resuelve las evidentes desigualdades que existen en el entorno español, donde Catalunya es una de las comunidades más afectadas. Para acabar de completar el disparate, complica extraordinariamente la gestión de la PAC. Precisamente lo que se quería evitar con la reforma. Y mientras tanto se escapa el futuro.