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12 de abril del 2014

Los reinos del mal

Joan Barril

De todas las actividades profesionales que tienen lugar en ciudades como Barcelona hay dos de ellas que están permanentemente bajo la mirada de la Administración: la prostitución y los bares. La primera depende de interpretaciones a veces demasiado estrictas del Código Penal. Pero la segunda se basa en la más absoluta de las arbitrariedades. La primera no suele hacer su contribución a Hacienda, pero en cambio la segunda paga con regularidad y atiende a las multas con cara de tragasables. Ahora, una vez más, se intenta controlar los establecimientos públicos como si no fueran espacios honorables sino poco menos que el patio de Monipodio. Y no se trata de una entrada de Chicote en Pesadilla en la cocina, sino en una aplicación de ordenanzas que han ido cambiando de forma voluble en los últimos cinco años y que convierten a los propietarios de la hostelería en víctimas de una actividad de riesgo.

En estos días en los que se debate una y otra vez las consecuencias de una eventual secesión catalana, uno de los argumentos más esgrimidos por los contrarios a la consulta es la apelación a la llamada seguridad jurídica que debería reinar en el país independiente. Se entiende como seguridad jurídica que las leyes para la instalación de empresas van a ser respetadas y que no van a verse alteradas por los caprichos de los nuevos gobernantes. Esa seguridad jurídica parece orillar a los establecimientos de ocio. Primero fue la ley contra el tabaco, en la que se advirtió de la necesidad de mantener dos ambientes aislados, uno para fumadores y otro para no fumadores. Algunos hosteleros realizaron importantes reformas para cumplir la ley hasta que una nueva muestra de inseguridad jurídica acabó con la segregación de espacios. En el colmo del cinismo se adujo que la medida era para preservar la salud de los camareros, cosa que no se hace en las ordenanzas laborales de mineros, pescadores y trabajadores de productos tóxicos. Cuando la Administración tiene ganas de proteger -y en eso hace bien- acostumbra a tomar el camino de en medio y a recurrir a la negativa, la inspección y la infracción. No hay didáctica en esas medidas. Y en política, aunque sea política municipal, lo peor no es que las medidas no sean las mejores. Lo peor es que las medidas no sean entendidas por la ciudadanía.

Ahora, con el buen tiempo de una ciudad mediterránea, la ordenanza vuelve a cebarse en las terrazas, que ya de por sí pagan sus impuestos por el uso del espacio público. En invierno se intentó poner trabas a las estufas. Ahora la ciudad impedirá determinado mobiliario en algunas calles sí y en otras no. Una vez más un bar o una cafetería parecen embajadas del Maligno. Todo lo que ocurra en esos lugares de conversación y de sosiego de la gente está mal visto: desde la obligación de acabar con esa pieza de dos alcuzas de aceite y vinagre, sal y pimienta hasta el gravamen que devenga una pantalla de televisión o los paneles que impiden que la brisa enfríe el café.

Me cuentan que nuestros abuelos solían sacar en las noches de verano sus sillas de enea a la acera y ahí hablaban con sus vecinos pasándose el porrón de mano en mano. Estoy seguro de que en la actualidad una escena popular como esa sería denunciada por la Guardia Urbana. Se acerca el verano. El clima acompaña al aire libre. Pero el aire solo es libre en algunas calles de la ciudad mientras se obliga a otros a mantenerse encerrados en el mismo salón del invierno. Sin duda alguna el poder es arbitrariedad. Pero la calle no es solo un salón para paseantes.

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